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Esto no es democracia

 

Opinión-colorEl 14 de marzo se publicó en un diario de circulación nacional una encuesta que le daba a Peña Nieto 32% de aprobación como presidente de la República. Se trata de una caída que resulta extraña al comportamiento de sexenios anteriores, cuando los presidentes no bajaban de 45% en los momentos más críticos. Esta desaprobación mayoritaria puede tener muchas explicaciones. Exploremos algunas.

Cuando un gobierno es reprobado hay que buscar la relación entre las promesas de campaña y las políticas realizadas o la ausencia de ellas. A simple vista se puede ver que México está muy lejos de vivir en paz, como ofreció Peña Nieto; las cifras de la violencia siguen tan altas como en el sexenio anterior (febrero pasado fue el mes con más homicidios en los últimos dos años). La oferta de un país incluyente no aparece por ningún lado, seguimos en la ruta de la exclusión. Se quieren obtener resultados diferentes con las mismas políticas y sólo se renueva el fracaso; con las políticas de combate a la pobreza estamos igual que hace 20 años y el principal causante es el bajísimo salario que se paga en México.

Hace unos días la Cepal informó que la pobreza ha bajado en América Latina, con excepción de México, Honduras y Venezuela. La promesa de una educación de calidad sigue entre signos de interrogación, porque una cosa ha sido el paquete administrativo para la evaluación docente y otra muy distinta es un proyecto educativo orientado a la calidad, el cual todavía no se ve por ninguna parte. Sobre la promesa de prosperidad se tiene que mirar el nivel de desigualdad creciente, como lo muestra el estudio de Oxfam México; además de mirar la crisis fiscal del Estado, la situación ruinosa de Pemex, la caída en los precios de los hidrocarburos, la devaluación de la moneda, los recortes al presupuesto y la falta de políticas (industrial, financiera, salarial) para dejar de ser atractivos sólo por la mano de obra barata.

Sobre la promesa de responsabilidad global existen diversos miradores, pero sin duda el caso más grave en este momento es el enfrentamiento en contra de los defensores de derechos humanos, como sucede con Emilio Álvarez Icaza y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como las batallas en contra de los diferentes relatores de Naciones Unidas sobre tortura y desapariciones forzadas. En cada uno de los temas tenemos a un gobierno a la defensiva que niega la realidad.

Pocos se acuerdan a estas alturas del ciclo reformador impulsado en los primeros dos años de este sexenio que terminó sin resultados positivos. Hasta el mismo gobierno de Peña Nieto es tímido cuando lo presume: habla de que los cambios en telecomunicaciones quitaron la larga distancia (como el gran logro), pero no dice por qué no hay un sistema mediático más plural y equilibrado, medios públicos más fuertes y medios comunitarios con mayor certeza jurídica.

La reforma energética se ha perdido en las mareas de corrupción y mala administración que llevaron a Pemex a una quiebra. Desde los casos de conflicto de interés como la Casa Blanca de Peña Nieto y lo que sería el tren chino México-Querétaro, no se enfrentó el gravísimo problema de corrupción que atraviesa a este gobierno. Ahora con la investigación periodística #PanamaPapers veremos las trampas fiscales de una parte de la red que apoya a este gobierno.

Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, lo dijo con claridad: la denuncia en su contra “es un ataque (…). Ni en el Perú de Fujimori ni en la Venezuela de Chávez hay precedente de investigación previa sobre el secretario ejecutivo de la CIDH. México se está poniendo en una regresión autoritaria”. ¿Venganza por el último informe de la CIDH sobre México? La desaprobación de Peña Nieto seguirá porque este gobierno reproduce la corrupción y la impunidad. Por eso ya se ha empezado a pensar en la próxima sucesión presidencial, 2018, como una posibilidad de que el malestar ciudadano se convierta en una alternativa a la regresión autoritaria. En México ha vuelto la lucha entre democracia y autoritarismo…

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

Modelo destinado al fracaso

Transcurre el sexenio y las expectativas de crecimiento económico, generación de empleos y mejoramiento de los salarios que ofertó Enrique Peña Nieto con las llamadas reformas estructurales, no aparecen por ningún lado. Por el contrario, la economía se debilita, mientras el trabajo y los salarios se precarizan aún más.

Lo mismo sucede en otros ámbitos de la vida pública: la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre se convirtió en un oneroso aparato burocrático que no frena la espiral de empobrecimiento de amplios sectores de la población, sumando 54 millones el número de mexicanos en situación de pobreza; en tanto la violencia y el crimen aumentan, el Estado se debilita y la corrupción asociada a los negocios y al crimen sienta sus laureles.

El gobierno se niega a reconocer el fracaso del modelo económico que insiste en mantener sin rectificar el camino emprendido. La soberbia, los intereses en juego y la miopía política, lo llevan a asumir el riesgo de un brote de inconformidad social; no con medidas que reviertan el deterioro del bienestar de la población, como el combate firme a la corrupción y la impunidad, o el rescate de sus responsabilidades sociales y la rectoría económica del país, sino con el amago autoritario.

Brotan signos del endurecimiento y la amenaza gubernamental en todos los ámbitos: la descalificación de los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y las acciones unilaterales para dar a conocer un tercer peritaje sobre la presunta incineración ahora de diecisiete personas, en el basurero de Cocula, con lo que se pretende cerrar la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa; la negativa a la presencia del relator de Naciones Unidas sobre Tortura, práctica que se ha generalizado en el país, en momentos en que diversas encuestas señalan que el 64% de los mexicanos tiene temor a ser torturado, o el precedente negativo que representa el fallo de los tribunales del fuero militar que sólo sancionó a uno de los elementos que participaron en las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya por indisciplina, en tanto se otorga impunidad a gobernantes corruptos y a bandas de juniors, hijos de empresarios o funcionarios de alto nivel en el gobierno de Veracruz, quienes impunemente, violan y cometen todo tipo de delitos.

Las señales más relevantes de este amago autoritario lo representan la llamada Ley Eruviel y la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional. La primera, profundiza la inefable experiencia de la Ley Bala en el estado de Puebla, dotando de gran discrecionalidad a la fuerza pública para intervenir, incluso cuando exista “resistencia pasiva” de los ciudadanos; es decir, cuando “la persona no obedezca las órdenes legítimas comunicadas de manera directa por el elemento (de seguridad) que previamente se haya identificado como tal y no realice acciones que dañen al mismo, a terceros o al elemento” (Artículo 12); o cuando para mantener la paz y orden público “la determinación de hacer uso de la fuerza en el caso de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas o ilegales será tomada por el mando responsable del operativo, bajo su más estricta responsabilidad” (Artículo 16), lo que constituye una flagrante violación a los derechos humanos y a la libertad de manifestación consagrados en la Constitución.

La segunda considera tres supuestos por los cuales es factible la restricción o suspensión de los derechos y garantías: en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto; lo que permitiría suspender el ejercicio de los derechos políticos, el derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a la protección de la familia y los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el no ser sometido a desaparición forzada, tortura o pena cruel, inhumano o degradante, entre otros.

Falta oficio

En esta época de contienda electoral, hay textos universales que algo aportan al trabajo cotidiano de quienes ejercen el poder público o que a éste aspiran. Hoy me referiré a “El principito”, o sea oficio de políticos, de Fernando Escalante.

Algunos apartados indispensables son: Del acceso al poder y de si conviene llegar por la popularidad o por la astucia (sugiere la segunda). Del dinero y gasto público y de la liberalidad y la mezquindad o miseria (tres reglas: gastar de modo que se conozca y sea notorio; gastar de modo que la ganancia se reparta entre el mayor número de gente; gastar de modo que su propósito económico o filantrópico no estorbe al propósito político).

De la reputación y de cómo debe comportarse un político para adquirirla (“para conseguirla no basta nunca la sustancia y las mayores empresas serán inútiles si no las acompaña la publicidad”). Sobre los enemigos, afirma que existen tres posibilidades: no tenerlos, tener uno o varios y que para la estabilidad de la república conviene tener varios. A su vez, que los enemigos pueden ser de dos clases: secretos o públicos y sobre éstos se extiende afirmando que dan ocasión al político de mostrarse generoso cuando sea conveniente y también le permiten ser severo cuando se necesite. Aquí habla en el mismo sentido sobre los amigos: si un político sabe ganarse el favor de algún enemigo y no teme que se vuelva en su contra un aliado, conseguirá que sean cautelosos ambos, pero aquellos por esperanza y éste por temor.

Otros dos capítulos tocan, respectivamente, la virtud y la fortuna como medios de adquisición del poder, ya sea con recursos propios o con los ajenos. Aconseja no confiarse totalmente de la virtud, que no puede reducirse a regla general y que en política los recursos son de tres clases: dinero, reputación y relaciones, que a la vez pueden poseerse antes de convertirse en político o adquirirse en la práctica. De la fortuna advierte: “un político no puede esperarlo todo de ella ni desesperar por no tenerla consigo”.

Dice que es más fácil subir y mantenerse en posiciones de gobierno teniendo recursos propios, pero que quienes no los tienen de inicio, acaso sean más prudentes o incluso avaros en su administración, por causa del esfuerzo para conseguirlos.

El libro entero retrata sin contemplaciones la dimensión verdadera de la condición humana frente al poder y de ahí su utilidad. En estos tiempos de improvisación, cortoplacismo, falta de oficio y candidatos independientes que dicen no ser políticos, el autor afirma y yo con él: “Dícese mucho en este tiempo… que el desgobierno y la miseria y la violencia, y el desarreglo todo de la cosa pública es por culpa de los políticos.

Contra la corrupción

En las elecciones del año pasado, una serie de organizaciones de la sociedad desarrollaron el llamado #3de3, el cual tenía por objetivo diferenciar a los candidatos mediante la publicación de información. El #3de3 contiene la declaración de intereses, declaración patrimonial y la declaración de conflicto de intereses, pero más allá de la información que se entregaba, el gesto era de una diferenciación hacia la sociedad entre todos los candidatos.

El rubro de la transparencia y la lucha contra la corrupción es un tema que ahora interesa a la mayoría de la población en México, por lo que la entrega de su #3de3 lo que brindaba a la ciudadanía en general era la intención de transparentar a aquel candidato que hacía pública su información. Pese a no ser vinculante, la sociedad lo que exige es tener mejores candidatos y posibles mejores gobiernos, ésa es la propuesta de la iniciativa, que los candidatos muestren voluntad política con los votantes.

El éxito del #3de3 en este año ha sido que de las 32 entidades federativas ya existen 10 gobernadores que han presentado sus declaraciones. Para los comicios de este año, que representan 12 gubernaturas en disputa, ya 10 candidatos han presentado su #3de3 quienes empiezan a marcar diferencia entre sus competidores.

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