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Entre buenas y malas noticias

 

Opinión-colorErick Zuñiga

La buena, es que los presidentes municipales, los síndicos y regidores, además de los gobernadores y muchos otros funcionarios de los gobiernos estatales y municipales, podrán ser sancionados por el desvío de recursos que el gobierno federal les entregue y no sean destinados a los programas o acciones para los que habían sido autorizados. Parece absurdo que eso sea una noticia en un país con tantas carencias, pero tuvieron que acumularse varias reformas, como la que despojó del fuero y la inmunidad judicial que acompañaba a todos los funcionarios electos y buena parte de los altos funcionarios federales, estatales e incluso municipales designados.

La mala, es que muchos de los esfuerzos que se realizan tanto en el ámbito federal, como el estatal y municipal en materia de combate a la pobreza siguen aún atrapados en la lógica de la contención. En unas semanas se celebrará un aniversario más del inicio de la Cruzada Nacional contra el Hambre y las cifras siguen siendo desalentadoras. Es cierto, han mejorado las condiciones de vida de algunas poblaciones, pero la realidad es que donde se aplica el programa no se está yendo al fondo: “no sólo de pan vive el hombre”. Falta cambiar la mentalidad para que cada quien se haga responsable de sí mismo. En Veracruz, hay comunidades en donde sólo cultivan sus propias parcelas si les pagan.

En estados como Guerrero, donde a la ancestral miseria se sumaron los efectos del huracán Manuel, los resultados del programa son magros. No se quiebran los procesos que generan la pobreza extrema en los municipios de la sierra o las costas guerrerenses. La responsabilidad no es sólo de las autoridades federales. En la Cumbre Ciudadana que se celebró recientemente en Puebla, una de las conclusiones fue que entre los estados que menos favorecen la participación ciudadana se encuentra Guerrero.

Hay comunidades de Guerrero donde la cruzada iba a resolver el problema de la falta de drenaje y agua corriente en las viviendas, además de construir baños con excusados, pero no se construyó la red de drenaje. El resultado no es difícil de suponer: desazón, desesperanza y la convicción de que los guerrerenses, una vez más, han sido víctimas de un engaño. ¿Cómo se hubiera podido evitar algo así? Hay quienes creen que si se escuchara a las comunidades y no se les viera como un número más para lograr alguna meta que no siempre es clara, estas historias no ocurrirían.

En Chiapas las cosas no andan mejor. A la crisis humanitaria que plantea el éxodo de hondureños que escapan de la violencia en su país, se agrega la crisis que genera la venta —a precios de mercado— de los productos que la cruzada entrega en Chiapas. Y lo peor es que Chiapas parece estar lejos de ser un ejemplo de sensatez en el gasto, como lo demostró la publicidad que Manuel Velasco Suárez, el joven gobernador de esa entidad, compró en 2013 en medios que circulan preferentemente en el Distrito Federal y su zona metropolitana.

A la venta de los alimentos de la cruzada hay que agregar los reportes de que funcionarios del gobierno estatal de Chiapas entregaron dinero en efectivo, sin ningún tipo de control, a supuestos “damnificados” de huracán Boris, que se degradó a tormenta tropical, de modo que no hay manera de explicar cómo o por qué es que se entregaron esos dineros, pues sólo hubo 80 familias desplazadas por las lluvias que Boris llevó a Chiapas. El hambre no sólo se enfrenta con alimentos, sino promoviendo que las personas se vuelvan responsables de sí mismas y de  propio desarrollo.

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