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En el olvido

OpiniónErick Zúñiga

Cuando en 1994 se firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, la esperanza de muchos era que en una década comenzaran a percibirse avances significativos en la reducción de las disparidades y de las oprobiosas condiciones en que viven las personas que forman parte de los pueblos y de las comunidades indígenas.

Se asumía que había condiciones para un nuevo compromiso y voluntad política del Estado para construir un nuevo esquema de relación con los pueblos originarios, y que por fin daríamos el paso hacia la erradicación de las distintas prácticas discriminatorias que se ejercen en su contra, así como de la pobreza atroz en la que viven millones de ellos.No ocurrió así; y en el año 2000, con la “caravana zapatista”, se dio un nuevo paso en la construcción de un entramado constitucional mucho más comprensivo y abarcante de las exigencias, legítimas todas, en torno al reconocimiento pleno de que somos una nación pluriétnica, pluricultural y plurilingüística, en la que no puede haber espacio para la segregación de nadie.

El nuevo orden constitucional no se tradujo, sin embargo, en un nuevo esquema de políticas de Estado capaces de revertir la desigualdad y de cerrar las brechas que nos siguen dividiendo y fracturando, siendo que nuestras raíces más profundas se encuentran precisamente en las culturas y tradiciones provenientes de los pueblos indígenas.

Han pasado 15 años desde la reforma constitucional en esa materia, y ya cuatro años de la transformación del paradigma constitucional hacia lo que juristas como Diego Valadés han denominado como el paradigma de los derechos humanos; sin embargo, los datos de la medición multidimensional de la pobreza indican que 78 de cada 100 personas hablantes de lenguas indígenas son pobres, y que únicamente 3 de cada 100 en los pueblos y comunidades indígenas son no pobres y no vulnerables.

Lo que no se ha querido asumir en las más altas esferas del poder político y económico es que nos encontramos en una encrucijada histórica en la que no hay sino dos rutas posibles.La primera de ellas consiste en continuar asumiendo que el único discurso válido es el de la tecnocracia globalizada, y que la única ruta viable de políticas económicas y sociales es la que se dirige a “la construcción de capacidades” para la competitividad y la productividad, asumiendo que el mercado se encargará de distribuir de manera “equilibrada” las tareas y los beneficios sociales.

La segunda, ante el clima de incertidumbre global y ante la parálisis económica local, consiste en revisar con mesura y prudencia qué es lo que el Estado está obligado a hacer para producir un quiebre en la desigualdad y cómo alterar las estructuras de expropiación y expoliación de la riqueza nacional en favor de unos cuantos, porque, como se ha señalado en varios estudios recientes, mayor igualdad y menor concentración de la riqueza benefician incluso a los más acaudalados.Desde esta perspectiva es legítimo preguntarnos como país si fue considerada, y hasta qué punto, la inclusión de los pueblos indígenas en el sistema de toma de decisiones que habrá de generarse en torno a la construcción de las zonas económicas especiales, y en las cuales se espera una inversión de cientos de miles de millones de pesos en los próximos años.

Ya se ha acreditado que mayor inversión y mayor crecimiento económico, sin la intervención reguladora del Estado, puede provocar una mayor concentración del ingreso y una mayor desigualdad, y esto aun mejorando los indicadores relativos a la pobreza.Desde esta perspectiva, estamos ante la posibilidad histórica de reivindicar los Acuerdos de San Andrés, y tomarlos como la base de un nuevo texto constitucional que pueda traducirse en un esquema distinto de políticas de Estado para la equidad, la justicia y la dignidad para los pueblos originarios. Tenemos una deuda histórica que, bajo el paradigma constitucional de los derechos humanos, estamos en posibilidad de saldar.

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