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El verdadero libre tránsito

Opinión-colorÁguila o Sol

De: Prof. Monjardín

Las redes sociales son un gran instrumento para informarnos, expresarnos y protestar colectivamente contra aquello que nos indigna; pero se pueden convertir también a veces en amplificadoras de la desinformación y la confusión.

¡Seamos sinceros! La inmensa mayoría de las veces nos topamos con un titular, una frase o un meme en imagen y lo compramos de inmediato; le damos like o retweet y ni siquiera nos detenemos a analizarlo críticamente. Nos quedamos en la superficie.

Esto es lo que ha pasado con el tema de la Ley de Movilidad. En las redes sociales se volvió viral la idea de que dicha ley discutida en el Congreso atentaría contra la libertad de expresión, porque permitiría al gobierno reprimir las manifestaciones. El tema no es menor y, antes de hacer eco, debemos elevar el nivel de la discusión.

Hace mucho que se está luchando en México por diferenciar, en términos de política pública, el concepto de movilidad universal del concepto de libre tránsito. En pocas palabras, quitar el foco en el automóvil y que el gobierno tenga la obligación de proveer infraestructuras seguras para movernos a pie o en bici y un mejor transporte público.

Podríamos decir de manera muy simplista que cualquier cambio que queramos que suceda en nuestro país debe pasar por tres planos de acción: el de los derechos, el de las leyes y el de las políticas.

En el plano de los derechos, la modificación a la Constitución que se aprobó el 2 de diciembre lo único que hace es añadir un párrafo para reconocer el derecho a la movilidad en el artículo 11 y habilitar al Congreso para expedir leyes de movilidad en el artículo 73. No hay nada en el texto que implique un riesgo a la libertad de expresión o manifestación.

Esto nos lleva al segundo plano, el de las leyes. Aquí es donde hay que poner atención porque el Congreso tiene 180 días para expedir la Ley General de Movilidad, donde se define en detalle lo que se debe y se puede hacer.

Al respecto, el ITDP, que es uno de los thinktanks que más sabe y hace en México en el ámbito de la movilidad, advierte que “el ejercicio del derecho a la movilidad en ningún momento debe restringir o acotar el ejercicio de otros derechos”, y que el proceso para elaborar la ley debe ser “deliberativo, participativo y abierto a todos los sectores de la sociedad (…), para que se disipen las dudas respecto a su uso como instrumento para limitar la protesta social”.

Hay que dar claridad para evitar que pase como con la Ley de Movilidad del DF, de la que una juez declaró inconstitucionales tres artículos que ponen límites a las manifestaciones (como avisar 48 horas antes y no bloquear vías críticas).

Finalmente, llego al plano de las políticas. Es interesante la columna de Sergio Sarmiento del 4 de diciembre, en la que dice que “el problema no es de falta de leyes, sino su falta de aplicación”.

Lo que hay en el papel sobre el derecho a la movilidad no significa nada si no se programan acciones concretas respaldadas por presupuesto. En este plano es en el que debemos exigir resultados al gobierno.

En donde estamos y a donde vamos

En 2011 y 2012 la economía creció, medido ese crecimiento por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, y por ello por la generación de ingreso, 4.1 y 4.0 por ciento, respectivamente, buenos resultados si consideramos que el crecimiento promedio anual de la economía mexicana de 2001 a 2010 fue del 1.8 por ciento. En 2011 se creció un 127.8 por ciento por arriba de ese promedio y en el 2010 un 122.2 por ciento.

Después de haber crecido 4.1 y 4.0 por ciento en 2011 y 2012, en el 2013 la economía mexicana creció 1.4 por ciento, comportamiento malo al que yo llamo el “atorón”: la tasa de crecimiento de la economía en 2013 resultó un 65 por ciento menor que la de 2012, y un 22.2 por ciento menor que el promedio anual de 2001 a 2010. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la causa del atorón?

Para responder correctamente, hay que identificar la variable de la cual depende el crecimiento de la economía, sobre todo cuando se mide, tal y como se hace, por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, de tal manera que si ésta aumenta el crecimiento es mayor, si disminuye el crecimiento es menor, y si permanece igual el crecimiento es igual.

¿De qué depende el comportamiento de la producción de bienes y servicios? De las inversiones directas, que son las que abren o apuntalan empresas, producen bienes y servicios, crean empleos, y les permiten, a quienes obtienen esos puestos de trabajo, generar ingresos. A más inversiones directas mayor producción de bienes y servicios, y a mayor producción de bienes y servicios mayor crecimiento de la economía, de tal manera que a más inversiones directas mayor crecimiento de la economía. La inversión directa es la causa del crecimiento.

Por la aventura

Uno de los problemas de los movimientos sociales en México en los años recientes ha sido la incapacidad de las mayorías para aislar, de entre ellos, a los aventureros de distinto signo, que tienen objetivos distintos y que terminan por desprestigiar, desarticular y liquidar dichos movimientos.

Lo vivimos con mucha claridad en el movimiento estudiantil que inició la huelga en la UNAM en 1999, tumbó con relativa facilidad al entonces rector Barnés y su intento furtivo de aumentar cuotas, para luego entregarse, por fatiga, a grupos lúmpenes y extremistas, que eternizaron la huelga, para daño de la Universidad y, por supuesto, del movimiento mismo.

Estos mismos grupos lograron enquistarse en algunas facultades —notablemente, Filosofía y Letras, donde ocupan desde hace más de una década el Auditorio Justo Sierra—, a las que han chupado espacio físico y de discusión democrática. En diferentes ocasiones, la comunidad universitaria ha rechazado su aventurerismo y su misma presencia. En otras coyunturas, cobran importancia precisamente porque en ellas dominan los sentimientos y no un análisis político racional.

El mismo tipo de actitudes aventureras se repite, con otras claves —más cercanas a la guerrilla y menos al anarquismo ciego— en otras partes del país. El caso más notable ahí es Guerrero, aunque hay evidentes expresiones de ello en Oaxaca y Michoacán. No casualmente, son las entidades en donde la CNTE es predominante: de alguna manera, esos son frutos de la cosecha de la Coordinadora.

La trágica desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa ha desatado una entendible rabia popular, que no se ceba sólo —y ni siquiera principalmente— contra los autores materiales e intelectuales del crimen, sino que apunta contra el sistema político que les permitió adueñarse de cotos institucionales de poder.

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