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El trabajo y la mujer

Opinión-colorErick Zúñiga

Una de las asignaturas pendientes en nuestro país se encuentra en cómo consolidar al sistema nacional de indicadores como un instrumento que tenga la capacidad de efectivamente potenciar la perspectiva de género, entendida en los términos de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En dicho ordenamiento se establece que la perspectiva de género: “Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género.

Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social…”.

Al tratarse de una visión científica, entonces lo que debe darle sustento es un conjunto de análisis, estudios y estadísticas construidas con base en metodologías probadas, y que se apeguen a los más altos estándares de rigurosidad y objetividad en su lógica y estructura interna.

EL INEGI por su parte ha avanzado también de manera relevante en el tema. Al respecto es pertinente destacar que en la presentación de resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se haya incluido un apartado específicamente titulado como “indicadores de género”.

Independientemente de que podría haber quien señale que ese título no es apropiado, pues en realidad se refiere a indicadores desagregados por sexo, es de reconocerse el esfuerzo que se está generando en los organismos autónomos para impulsar agendas que, en muchas ocasiones, como producto de visiones gubernamentales, quedan de lado en el diseño de las políticas y programas públicos.

Los indicadores del INEGI nos permiten saber, por ejemplo, que hoy la escolaridad de las mujeres económicamente activas, en los segmentos de población joven, es más elevada que la de los hombres. En efecto, según los datos de la ENOE, al cuarto trimestre del 2013, las mujeres de 14 a 19 años tenían un promedio de escolaridad de 929 grados, frente a 8.59 de sus contrapartes femeninas.

Lo mismo se registra para el grupo de edad de 20 a 29 años: 11.59 grados de escolaridad para las mujeres, frente a 10.45 entre los hombres. Para el segmento que va de 30 a 39 años, el promedio es de 10.78 grados para las mujeres mientras que para los hombres se ubica en 9.96. Esta tendencia se mantiene para el grupo de 40 a 49 años, en el cual las mujeres tienen un promedio de escolaridad de 9.88 grados, mientras que para los hombres es de 9.48.

Como puede verse, sólo este grupo de indicadores debería llevar a todo el aparato público, a revisar sus plantillas laborales, tabuladores y asignaciones salariales, porque con base en la información del INEGI, no hay ningún argumento válido que permita justificar las diferencias salariales que se mantienen entre mujeres y hombres.

Sin duda alguna, el dato relativo a la escolaridad de la población económicamente activa, desagregado por sexo, permite ratificar la tesis de que en nuestro país la desigualdad laboral, y la consecuente desigualdad de ingreso entre sexos, está sustentada fundamentalmente en la discriminación y los estereotipos.

Por ello, debe seguirse insistiendo en la urgente implementación de la perspectiva de género en todos los ámbitos de lo público y lo privado, pues sólo así lograremos construir una sociedad de verdad incluyente.

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