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El problema del político mexicano

Opinión-colorAntes de partir a Londres, el presidente Enrique Peña concedió una entrevista al Financial Times, uno de los medios financieros a los que la actual administración trató de convencer de las bondades de sus reformas. Llama la atención que Peña haya reconocido que en México hay una crisis de confianza.

Algunos dicen que fue la primera vez que lo admitió y que sólo lo ha hecho ante medios extranjeros. Es posible que sea así, pero cualquiera que haya seguido la carrera de Peña sabe que un elemento clave de su gubernatura y su candidatura presidencial fue reconocer que había una crisis de confianza. No era algo novedoso, cualquiera que siga las series de Mitofsky, GEA-ISA o Parametría, o los estudios publicados por la UNAM desde principios de los noventa, sabe que México padece muy bajas tasas de confianza interpersonal y en las instituciones, combinadas con una alta percepción de corrupción.

Peña resolvió esa crisis al acompañarse de notarios y convertirlos en oficiantes de elaboradas ceremonias. En ellas, el notario daba fe de lo obvio: un candidato que quería ser, primero gobernador, luego presidente, se comprometía a hacer cosas. La firma era tan banal como la sudoración de los ángeles, pues el notario no podía exigir criterios que explicaran por qué don Enrique adquiría esos compromisos y no otros, ni hay modo de exigir que se cumplan los compromisos en sí. Sin embargo, el pueblo noble vio a los notarios como encarnación de Dios, por lo que el problema de confianza, si no se resolvía, al menos se suspendía.

Reconocer que había un problema de confianza resulta más importante por las operaciones inmobiliarias que involucraron a familiares y colaboradores del presidente. Si él sabía desde sus tiempos de gobernador que uno de los grandes problemas era la confianza, ¿por qué consentir esas conductas de sus cercanos? Y algo peor. En los últimos días del año pasado, se filtraron los detalles de una comida en Los Pinos. Como suele ser, a esa comida asistieron los periodistas consentidos. Alguno le recordó al señor Peña que Enrique Krauze le sugería pedir perdón por su proceder. La respuesta sólo confirmó las causas de la desconfianza: “¿de qué tendría que disculparme?”

Hemos llegado a un punto en el que ya ni siquiera las capturas de criminales de renombre restauran alguna confianza en los gobernantes, como lo acreditó la encuesta que publicó Ulises Beltrán en los días inmediatos posteriores a la caída de Servando Gómez La Tuta, y la virtual exoneración del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, envía pésimos mensajes.

Y peor aún: las dudas sobre las bondades de las reformas estructurales campean en las redes sociales, especialmente el temor a despojos de tierras y aguas, y más allá de lo que Peña reconoció en Gran Bretaña, en México no se ven cambios, ni siquiera con la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, porque para que actúe ese sistema deberá existir una denuncia ante la PGR, institución que, ella misma, está severamente cuestionada por muchas razones, incluida la manera en que se nombró a Arely Gómez para dirigir esa institución.

Esto es más grave, porque las viejas recetas para reactivar la economía no dan resultado y porque la crisis por la baja del precio del petróleo no ha terminado. Sin un mínimo de confianza de los gobernados, ningún gobierno logra ni siquiera sus metas más elementales. Ejemplos del costo que la desconfianza tiene en la capacidad de los gobiernos para actuar, abundan en América Latina. Venezuela y Argentina son los dos más cercanos.

Erick Zúñiga

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