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Tribunal de EU bloquea ejecución de discapacitado mental

 

 

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos bloqueó este martes la ejecución de un discapacitado mental en Texas e invalidó el anticuado método que usa el estado sureño para determinar si una persona sufre discapacidad mental y si debe o no estar exenta de recibir la pena de muerte.

Con 5 votos a favor y tres en contra, los ocho jueces en activo del alto tribunal decidieron bloquear la ejecución de Bobby James Moore, un hombre de 57 años con un coeficiente intelectual bajo y que fue condenado a muerte por el asesinato del empleado de una tienda de comestibles en 1980.

Respaldada por los jueces progresistas del Tribunal Supremo, la magistrada Ruth Bader Ginsburg argumentó que los estados deben definir la discapacidad mental con base en los criterios de la Asociación de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD), que en 2010 actualizó su definición sobre ese desorden.

“Las definiciones sobre la discapacidad mental deben estar de acuerdo con las visiones de los expertos médicos”, determinó la jueza Ginsburg.

De esa forma, los jueces anularon el fallo de la máxima corte criminal de Texas, que determinó que Moore debía ser ejecutado porque “el consenso de los ciudadanos de Texas” determina que no todos los que cumplen con la definición de “retraso” de los “servicios sociales” deberían estar exentos de la pena de muerte.

Los magistrados afirmaron que la corte de Texas cometió errores al evaluar las capacidades mentales del acusado e ignoró estándares médicos actuales que sirven para definir la discapacidad mental.

El acusado, que ha pasado 36 años en el corredor de la muerte, tiene un coeficiente intelectual muy bajo y cuando tenía 13 años era incapaz de distinguir los días de la semana, identificar las estaciones del año, no podía leer ni escribir y tampoco decir qué hora era.

Moore no ha cuestionado en ningún momento su culpabilidad y ha admitido que, en abril de 1980, entró con dos hombres en un supermercado de Houston (Texas) y mató de un disparo en la cabeza al anciano James McCarble, que trabajaba en la tienda de comestibles y en el momento de su muerte tenía más de 70 años.

No obstante, los abogados de Moore han defendido que no debía ser ejecutado porque estaba protegido por una sentencia de 2002 del Tribunal Supremo, que determinó que la Constitución prohíbe los castigos crueles e inhumanos e impide la ejecución de personas con discapacidad mental.

Sin embargo, en ese fallo y otro posterior, la corte no detalló qué criterio debería usarse para determinar si alguien sufre una discapacidad mental, y dejó ese trabajo a los estados.

Por eso, el caso de Moore acabó en el Tribunal Supremo, que decidió anular el método usado por el estado de Texas para evaluar la discapacidad mental de los condenados a muerte.

Desde que el Tribunal Supremo reinstaurara la pena de muerte en 1976, el país en conjunto ha ejecutado a mil 448 personas, y Texas a 542, siendo este el estado donde más ejecuciones se han practicado, según un informe actualizado del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

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