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Temor entre indocumentados en primeros 100 días de Trump

 

Los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump han dejado claro a millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que su estancia en el país puede concluir en cualquier momento, lo que ha generado temor sobre su futuro y el de su familia.

La orden ejecutiva de Trump sobre inmigración emitida el 25 de enero alteró los criterios bajo los cuales habían operado los anteriores gobiernos y abrió la puerta para detener también a inmigrantes, cuyo único crimen es ser indocumentado.

Una reciente encuesta del Centro de Investigación Pew reveló que casi el 70 por ciento de los inmigrantes hispanos sin ciudadanía estadunidense teme ahora ser deportado en cualquier momento, incluidos muchos con residencia legal permanente.

Los arrestos de inmigrantes se incrementaron en 32.6 por ciento en las primeras semanas del gobierno de Trump, al sumar 21 mil 362 detenciones entre enero y marzo pasado, de acuerdo con datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El 25.4 por ciento de esos inmigrantes, unos cinco mil 441, fueron aprehendidos por agentes del ICE, a pesar de que no habían cometido ningún delito y carecían de antecedentes penales.

La administración Trump ha dejado claro que todo indocumentado en Estados Unidos está sujeto a deportación y esto se evidencia en las detenciones que han tocado a un conjunto de inmigrantes de lo más diverso. Entre los detenidos y deportados se incluye a madres trabajadoras con hijos nacidos en Estados Unidos, a jóvenes “dreamers” que llegaron a este país siendo niños y que estaban “amparados” bajo el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).

También han sido detenidos para su deportación veteranos que arriesgaron sus vidas en los conflictos de Irak y Afganistán, pequeños empresarios que crearon sus negocios en este país, activistas de inmigración e incluso personas homosexuales y transgénero.

La detención en Phoenix, Arizona, el 8 de febrero pasado de la mexicana Guadalupe García de Rayos, constituyó el primer ejemplo público del cambio de reglas de las políticas migratorias del presidente Trump García, inmigrante que llegó a Estados Unidos en 1995 a los 14 años, acudió a las oficinas del ICE en Phoenix, como lo hacía desde 2008 para renovar el permiso conocido como “permanencía de remoción”, pero esta vez le fue negado y quedó detenida y deportada.

La también inmigrante mexicana Jeanette Vizguerra, siguió desde Denver, Colorado, el caso de García, al tener una situación similar a ella. Al ver lo que ocurrió en Phoenix, Vizguerra no se presentó a la oficina del ICE a tratar renovar su permiso de estancia en el país y envió a su abogado a hacerlo, lo que evitó que fuera detenida.

Vizguerra Ramírez se refugió el 15 de febrero pasado en una iglesia de Denver, Colorado, para desafiar amparada tras las paredes del templo, la orden de deportación y luchar desde ahí por su permanencia en el país.

La semana pasada, la inmigrante fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes en el mundo, elaborada cada año por la revista Time junto a un amplio grupo de líderes mundiales, incluyendo a los presidentes Trump y Vladimir Putin (Rusia).

María de Jesús Jiménez Sánchez, otra madre con hijos pequeños en Estados Unidos, fue deportada a México el pasado 14 de abril tras haber vivido en Denver, Colorado, desde 1999. Jiménez Sánchez estaba registrándose con agentes del ICE cuando fue detenida.

“Ella estaba cumpliendo con una orden de supervisión”, dijo su abogada Jennifer Kain-Ríos. También Maribel Trujillo Díaz, una mexicana madre de cuatro hijos que había vivido desde hace 15 años en Fairfield, Ohio, fue deportada el 19 de abril, a pesar de los esfuerzos de organizaciones comunitarias, la arquidiócesis de Cincinnati e incluso la intervención del gobernador de Ohio, John Kasich.

El mexicano Arturo Hernández García se refugió en una iglesia de Denver durante nueve meses para evitar la deportación, pero dejó la protección del templo cuando la saliente administración del presidente Obama le otorgó un permiso para permanecer temporalmente en el país. El gobierno de Trump no hizo válido ese permiso y lo detuvo el pasado miércoles. Hernández García permanece detenido en un centro de inmigración en Denver y el senador demócrata por Colorado, Michael Bennet, ha presentado una legislación para tratar de evitar su deportación.

Aun cuando Trump ha dicho que los jóvenes dreamers “pueden respirar tranquilos” sin temer a ser detenidos y deportados, el hecho es que el amparo de DACA otorgado bajo la presidencia de Obama no garantiza sea respetado en esta administración. Daniel Ramírez Medina, de 23 años, pasó a ser el primer caso de un dreamer detenido, al haber sido arrestado en su casa en Seattle, Washington, a principios de febrero pasado, cuando agentes migratorios ingresaron al hogar para detener a su padre.

Ramírez Medina fue liberado bajo fianza a finales de marzo pasado, tras seis semanas de detención, y su caso está aún a consideración de una corte de inmigración al haber sido acusado de ser miembro de una pandilla.

Otro dreamer, el mexicano Juan Manuel Montes Bojórquez, de 23 años, fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza en el sur de California el 15 de febrero pasado y deportado pocas horas después a México a pesar de tener protección por el programa DACA. Montes Bojórquez intentó dos días después regresar ilegalmente al país y volvió a ser detenido y deportado, lo que ha complicado su caso para un posible retorno legal a Estados Unidos.

El joven, que emigró de México a los nueve años de edad, presentó una demanda a través de sus abogados y su caso será analizado por un juez federal. Decenas de otros jóvenes dreamers han sido deportados también a sus países de origen, pero esto ha sido luego de perder la protección del DACA por haber incurrido en alguna infracción o delito. De acuerdo con los datos publicados esta semana por el Departamento de Seguridad Nacional, 43 inmigrantes, cuya protección bajo DACA terminó, fueron deportados durante los dos primeros meses de la presidencia Trump, del 20 de enero al 25 de marzo.

Otros casos notables de detenciones y deportaciones incluyen la de Miguel Pérez Jr., un inmigrante mexicano, veterano del Ejército de Estados Unidos, que realizó dos periodos de servicio en Afganistán. Pérez está detenido en Illinois, mientras un equipo de abogados y organizaciones comunitarias buscan impedir su deportación.

Otros caso es el del mexicano Mario Hernández De la Cruz, quien desde hace casi 20 años había residido en Detroit, Michigan, y quien fue expulsado del país a pesar de nunca haber incurrido en algún delito en Estados Unidos y luego de que su caso recibiera el apoyo de diversas organizaciones comunitarias.

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