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Fiscal que desafía a Maduro está a las puertas de su destitución

Aunque el Legislativo se niegue a destituirla, sus decisiones son desconocidas por el

TSJ, que lo considera en desacato desde que la oposición lo controla en enero de 2016.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, la funcionaria chavista de mayor rango que se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, rechazó comparecer este martes ante la máxima corte de justicia y se hallaba a las puertas de su destitución.

“No acudí, no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor, y cuya decisión está cantada”, declaró Ortega ante la prensa en el Ministerio Público, mientras la audiencia comenzaba en la corte.

En ausencia de la fiscal, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir al gobierno- inició a las 11:45 hora local la audiencia en la que determinará si Ortega cometió “faltas graves” para su remoción, a solicitud del diputado oficialista Pedro Carreño.

Ante los magistrados, Carreño argumentó su solicitud de antejuicio de mérito contra la fiscal, a quien acusa de “mentir” al afirmar que no avaló la elección de 33 magistrados hecha en 2015 por el anterior Parlamento de mayoría chavista.

“No los reconozco (a los magistrados), con este acto quedará abierto el camino para aniquilar con vías violentas el descontento popular. Ya sabemos que desde el día de hoy va a operar mi remoción”, manifestó Ortega.

La fiscal dijo desconocer el nombramiento que hizo este martes el TSJ como vicefiscal de la polémica abogada chavista Katherine Harrington, quien la sustituiría si es destituida.

Apoyada por la oposición y por los chavistas críticos de Maduro, Ortega se convirtió en la voz más dura contra el presidente, haciéndolo responsable de la “ruptura del orden constitucional”, que denunció tras fallos del TSJ que minaron al Poder Legislativo, bajo control opositor.

La arremetida del gobierno contra Ortega caldeó aún más la crisis política e institucional del país, sumido en el colapso económico y desde hace tres meses en una ola de protestas, que dejan 90 muertos.

“Es claro que el TSJ perpetrará una nueva violación a nuestra Constitución para anular a la última institución capaz de defender a las personas y manifestantes”, vaticinó la abogada de 59 años.

“Orteguización” del chavismo

La fiscal fue acusada por Carreño tras expresar rechazo a una Asamblea Constituyente convocada por Maduro, a la que también se opone la oposición.

“Me acusan de atacar las decisiones del presidente de llamar a una Constituyente. Sí lo hice y lo seguiré haciendo porque esa convocatoria viola la Constitución”, retó Ortega.

Desafiando al gobierno, ella emprendió una batalla contra esa Constituyente, por considerar que violenta la democracia y destruye el legado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

“Me dan asco los traidores y traidoras, que pretendan hablar en nombre del comandante Chávez y salgan a apoyar a los violentos (opositores)”, dijo Maduro por su lado.

En lo que llamó la “hora cero” que marcará una “rebelión” masiva contra Maduro, la oposición, que este martes realiza bloqueos de calles, convocó para el 16 de julio un plebiscito simbólico contra la Constituyente, dos semanas antes de la elección de los asambleístas.

Para el politólogo Luis Salamanca, Ortega busca quitarle a Maduro “la fuente de legitimidad que da Chávez”, lo que llevaría a una mayor fractura en el chavismo.

“Lo dejaría muy debilitado (…), por eso buscará sacarla del juego. El gran peligro que tiene Maduro es que se le ‘orteguice’ lo que le queda del régimen”, dijo Salamanca a la AFP.

El diputado Carreño pidió al TSJ evaluar la salud “mental” de Ortega y, a solicitud suya, el máximo tribunal le impuso prohibición de salida del país y congeló sus cuentas y bienes.

En víspera de la audiencia, el TSJ anuló la citación de Ortega contra dos generales de la Fuerza Armada, acusados de violar derechos humanos en las protestas, en tanto que la Contraloría inició una auditoría en las fiscalías.

Radicalización de la crisis

Analistas dan por descontado que habrá juicio contra la fiscal, pero su destitución sólo puede ser decidida por el Parlamento, lo que augura un nuevo episodio en la crisis.

Aunque el Legislativo se niegue a destituirla, sus decisiones son desconocidas por el TSJ, que lo considera en desacato desde que la oposición lo controla en enero de 2016.

“Estamos ante un intento de golpe de Estado en contra de la fiscal, al querer removerla del cargo fraudulentamente. Quedará más en evidencia el uso político del TSJ y la fractura del bloque de poder”, dijo a la AFP el constitucionalista José Ignacio Hernández.

El politólogo chavista Nicmer Evans, férreo crítico de Maduro, consideró el antejuicio “absolutamente ilegal, ilegítimo, írrito y atentatorio de la división de poderes”.

Intentando contragolpear, la fiscalía pidió información a Estados Unidos sobre dos sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, condenados en ese país por narcotráfico. “Los narcosobrinos”, los llamó este martes la fiscal.

“Se vislumbra la radicalización de la crisis. Nos aproximamos a un Estado fallido”, sentenció Hernández.

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