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Corte admite pedido de desafuero contra presidente de Guatemala

GUATEMALA, GUATEMALA.- La justicia guatemalteca admitió el trámite de antejuicio (retiro de la inmunidad) contra el presidente Jimmy Morales, solicitado por el Ministerio Público por el presunto delito de financiamiento electoral ilícito, informaron hoy fuentes del Organismo Judicial (OJ).

El vocero del OJ, Ángel Pineda, indicó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite al antejuicio contra el mandatario y, como marca la ley, se turnará la resolución al Congreso para que la apruebe o la rechace.

En el Congreso Nacional, donde el partido en el gobierno es una de las dos facciones dominantes, se deberá designar a una comisión de diputados que conocerá la solicitud de antejuicio, presentada por el Ministerio Público (MP).

Luego del estudio del caso, la comisión recomendará dar trámite o archivar la solicitud de antejuicio o retiro de la inmunidad presidencial aprobada por la CSJ.

En caso de que la comisión legislativa considere con lugar el antejuicio, la iniciativa será debatida en el pleno del Congreso, instancia en la que se requiere de 105 votos de un total de 158 diputados para levantar la inmunidad al presidente Morales, quien asumió en enero de 2016 para un mandato de cuatro años.

El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependencia de las Naciones Unidas que colabora en el combate al crimen organizado y la corrupción, solicitó el pasado 25 de agosto el desafuero.

Los titulares del MP, Thelma Aldana, y de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, anunciaron que pidieron el antejuicio para investigar por financiamiento electoral ilícito a Morales en el tiempo, 2015, que fungió como secretario general del partido que lo llevó al poder.

Dos días después del anuncio del pedido de antejuicio, el domingo 27 de agosto, el presidente Morales acusó al colombiano Velásquez de exceder el mandato de la CICIG, lo declaró “non grato” y ordenó su inmediata expulsión del país.

Una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país, frenó la expulsión del colombiano el mismo domingo por un amparo provisional, que la semana pasada quedó en firme con lo que se anuló de manera definitiva la decisión presidencial contra el jefe de la CICIG.

Según una investigación preliminar del MP y la CICIG, cuando Morales fue secretario general del ahora partido en el gobierno no declaró a la autoridad electoral 6.7 millones de quetzales (930 mil dólares).

Velásquez declaró que el “pecado original” de la democracia guatemalteca es el financiamiento electoral ilícito, que de manera habitual procede del crimen organizado -lavado de dinero- o de corrupción propiciada por políticos deshonestos.

La CICIG, que desde el 2013 es dirigida por el colombiano, ha sido clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado que opera desde el Estado.

El presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, cuyo mandato finalizaría el 14 de enero de 2016, renunciaron por la presión ciudadana y guardan prisión provisional desde septiembre de 2015 procesados por casos de corrupción.

Además de los ex mandatarios Pérez Molina y Baldetti, alrededor de un centenar de prominentes políticos, ex militares y empresarios están en prisión o son procesados por investigaciones del MP, de la mano de la CICIG, que se instaló en Guatemala por un acuerdo con Naciones Unidas en septiembre de 2007.

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