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El mensaje es claro

 

OpiniónCada que viene el Obispo de Roma a México se renueva la especulación acerca de la relación entre el Estado y la Iglesia. ¿Por qué? Porque toca una fibra muy sensible de la historia nacional que tuvo entre sus puntos más álgidos la ruptura de las relaciones entre nuestro país y el Vaticano en 1865. Y es que la Iglesia católica mexicana tomó una posición política muy definida al lado de los conservadores en los conflictos que sacudieron al país durante el siglo XIX. Esa es una historia que, por cuantos intentos han hecho los historiadores conservadores por reinterpretarla y taparla, no han podido.

Lo cierto es que la formación del Estado nacional corre al parejo de la secularización. Esto fue logrado por los liberales: el 25 de noviembre de 1855 entró el vigor la ley que prohibió la injerencia de la Iglesia en asuntos civiles (ley Juárez); el 25 de junio de 1956 se expidió la ley de desamortización de los bienes del clero (ley Lerdo); el 12 de julio de 1959 apareció la primera ley de las llamadas Leyes de Reforma, que rompió el monopolio ideológico de la Iglesia católica.

Esa veta conservadora de la clerecía se puso de nuevo en evidencia durante la Intervención francesa (1862-1867) y el régimen porfirista (1876-1910). Es decir, la confusión entre el poder civil y el poder espiritual. Uno de los muchos logros de la Revolución mexicana fue, precisamente, el de reivindicar la distinción entre las esferas económica, ideológica y política. En eso consiste la verdadera modernidad.

No olvidemos que todavía hubo resistencias a ese proceso de modernización con la llamada Guerra Cristera (1927-1928), escenificada principalmente en el occidente del país y en el Bajío. En esa contienda se calcula que 120 mil personas perdieron la vida luego de la cual, poco a poco, se fue dando una convivencia pacífica entre el Estado y la Iglesia.

La primera visita papal a México se registró en enero de 1979. El presidente José López Portillo recibió a Juan Pablo II. No obstante, tuvieron que pasar más de trece años después de esa primera visita para que se reanudaran las relaciones entre México y el Vaticano. Tal cosa sucedió durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en septiembre de 1992. El inquilino de Los Pinos dijo que la medida buscaba “modernizar” las relaciones entre ambas autoridades. Con toda evidencia, si se hubiese entendido el concepto “modernizar”  en el sentido correcto, vale decir, mantener la diferencia y los límites entre ambas instancias con base en el mutuo reconocimiento, todo hubiese ido por buen camino. El problema fue que Salinas necesitaba recurrir a una legitimidad que las urnas, en las elecciones de 1988, no le habían dado. Tuvo que echar mano del apoyo eclesiástico para justificar su presencia en la primera magistratura de la nación.

No está por demás recordar el conservadurismo que distinguió al pontificado de Juan Pablo II. Ciertamente, en su haber está su decidida intervención para que la Unión Soviética se desmoronara, junto con el férreo dominio que ejerció sobre los países de Europa del Este. Empero, también hemos de recordar su oposición, esa sí, a modernizar a la Iglesia católica. Peor aún, hizo de todo para regresarla a tiempos ya fenecidos. Y, ese conservadurismo, desde luego repercutió en México de diversas maneras. Una de ellas, enormemente simbólica, fue reavivar los rencores históricos. Como aquel grito, emitido por algún fanático enardecido, que se escuchó en la Ciudadela previo a la presentación de Juan Pablo II en público, “¡Viva Cristo Rey!”. Arenga propia de los cristeros previa a la batalla.

En el mensaje a los mexicanos en ocasión de la visita que hoy inicia, Francisco señaló: “Es posible que ustedes se pregunten ¿qué pretende el Papa con este viaje? La respuesta es inmediata y sencilla: deseo ir como misionero de la misericordia y de la paz.” Son palabras de autolimitación; circunscritas a la actividad pastoral.

Después de tantos excesos y abusos cometidos por políticos y curas, luego de reanudarse las relaciones entre ambos estados, es deseable que se respete ese mensaje.

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

El próximo dilema

Desde 2016 nuestro país afrontará sus retos, en el ámbito federal y en materia de legalidad, seguridad y justicia, con la anhelada llegada del nuevo sistema de justicia penal de corte oral, acusatorio y adversarial. Esa transformación constituye no sólo la mayor exigencia de respeto de la sociedad mexicana frente a sus autoridades, sino también la firme apuesta en la Judicatura como la instancia que deberá verificar y valorar el ejercicio del poder punitivo.

Así, la policía y el fiscal deberán asumir con ética, responsabilidad y profesionalismo, nuevas funciones ministeriales caracterizadas por altísimos estándares técnicos para recabar, conservar e interpretar el material probatorio. Por su parte, el juez de control determinará la “verdad fáctica” de los hechos delictivos a él presentados, mientras que el juez oral conocerá la “verdad procesal” del asunto criminal que se le someta para su resolución.

Esa diferenciación tendrá por objeto garantizar los derechos humanos tanto del indiciado como de la víctima u ofendido, precisamente al separar de manera estricta la tarea de perseguir al probable delincuente de la labor de juzgarlo conforme a Derecho.

En los supuestos de delitos que afectan gravemente la vida, la libertad y la propiedad de las personas, nuestros regímenes constitucional y convencional ya permiten el uso de las denominadas técnicas especiales de investigación, que son aceptadas y reconocidas internacionalmente como limitaciones a los derechos fundamentales.

Por ejemplo, para combatir a la delincuencia organizada, actualmente se pueden utilizar —siempre mediante previo control judicial— la intervención de comunicación, la entrega vigilada, el agente encubierto, el uso de recompensa y la vigilancia electrónica.

Esa perfecta armonía procesal, así como la estricta división de poderes, se puede —no obstante— ver alterada por circunstancias extraordinarias que ponen en grave riesgo a la población civil, como los delitos de terrorismo y de delincuencia organizada.

Esto justamente sucedió en París con los recientes atentados yihadistas, los que provocaron la puesta en marcha —por parte del gobierno francés— de una serie de polémicas medidas que reflejaron el difícil equilibrio entre los valores republicanos de la libertad y la seguridad. Para su adopción, el estado de emergencia galo contó con el apoyo del Poder Legislativo, destacadamente para establecer una medida excepcional que le confirió gran capacidad de actuación a la autoridad policial para llevar a cabo registros y arrestos domiciliarios sin orden judicial previa, aunque sí con control judicial posterior.

Empero, si bien ese tipo de control judicial otorgó indiscutibles ventajas en la eficacia persecutoria francesa, también fue objeto de duras críticas, sobre todo por los posibles efectos nocivos que podría suponer su práctica ministerial en el largo plazo.

Más allá de los debates entre la idea hobbesiana o lockeana que se tenga del papel estatal, como lo ha reconocido la ONU, para que la limitación a los derechos fundamentales sea legítima, debe cumplir los requisitos de necesidad y proporcionalidad.

Además, no debe obstruir la vida democrática del país; de forma que toda limitación al ejercicio de derechos y libertades debe ser necesaria en la búsqueda de un objetivo urgente y sus efectos jurídicos deben ser estrictamente proporcionales a éste. Ello supone tomar difíciles decisiones que no siempre son populares.

De este modo, nuestro país debería ponderar si la lucha en contra del crimen organizado o la posible amenaza del terrorismo extranjero, podrían justificar en el futuro próximo el reconocimiento jurídico del control judicial a posteriori, al modo francés, precisamente por su probada utilidad.

Esto es la política

Los ciudadanos quieren curarse de los políticos, la desconfianza en ellos se entiende porque cada tres y seis años se elige entre lo malo y lo menos malo. Sin embargo, contrario a las posturas apocalípticas acerca de que las elecciones son un teatro democrático y que no sirven de nada, los candidatos a puestos de elección del próximo 5 de junio deberían manifestar soluciones concretas a los problemas de la vida diaria de los ciudadanos y que sus campañas electorales no se caractericen por derrochar recursos públicos en el afán de enamorar ciudadanos, pero mejor vamos por partes.

Habrá elecciones en 12 entidades del país. Se elegirá a 12 gobernadores, 388 diputados locales de 12 entidades y 548 ayuntamientos de 11 entidades (en Oaxaca se elegirá a solamente 153 por régimen de partidos y 417 por usos y costumbres).

Las 12 entidades que tendrán elecciones a gobernador (Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) acumulan 24.8 por ciento del PIB nacional, concentran 31.8 por ciento del electorado y 32.3 por ciento de la población total del país. Veracruz es el estado que ocupa el primer lugar en estos indicadores, seguido de Puebla y Chihuahua. El último lugar es Tlaxcala, que empata con Aguascalientes en porcentaje de la lista nominal y de la población total que concentra. A pesar de lo anterior, según el INEGI, Aguascalientes fue la entidad que más creció en 2014, con una tasa de 11.3 por ciento (9.1 puntos arriba del promedio nacional, que fue de 2.2), mientras que Tlaxcala apenas creció a 2.4 por ciento. La pregunta es: ¿por qué con esa fuerza económica algunas de esas entidades viven con una desigualdad económica?

En cinco estados nunca ha habido alternancia: Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. Por su parte, Aguascalientes y Zacatecas han tenido un periodo de transición en el cual el PAN y el PRD gobernaron durante dos sexenios (1998-2010). Tlaxcala es la única entidad donde han gobernado los tres partidos grandes: PRD en 1999-2005, PAN en 2005-2011 y el PRI antes y después de esos periodos.

De acuerdo con una revisión a los presupuestos aprobados por las entidades, los 13 OPLE que tendrán elecciones este año invertirán 6 mil 056 millones de pesos, mientras el INE para esos mismos comicios destinará mil 307 millones de pesos. Cabe indicar que la elección menos costosa del país se realizará en Aguascalientes, con una inversión para el erario de 153 millones de pesos.

El poeta Jaime Sabines le aconsejaría a los ciudadanos que el próximo 5 de julio le exigieran a la clase política que esperan curarse de ellos. Y no en unos días, sino en años, dejarlos de fumar en sus campañas, de beber sus spots, de pensarlos y soñarlos en espectaculares. ¡Es posible!, les recetaría tiempo, mucho tiempo y soledad. No sé si les pareciera bien darse una semana, no es mucho, ni es poco, sería muy poco.

Otras alternativas

Durante varios meses, una frase que se repite constantemente ha tomado forma de verdad inmutable: que es en el municipio donde se experimenta la mayor corrupción de las fuerzas de seguridad pública en el país. Tal afirmación conduce a un planteamiento central que se debate hoy en día: ¿se necesita o no tener un Mando Único policial en los estados?

Todos sabemos que el mayor cáncer que padece nuestra sociedad tiene nombre: corrupción. En materia de seguridad pública y justicia, la corrupción toma forma de impunidad. Es el crimen sin castigo, es la falta de aplicación de la ley y sus disposiciones, lo que permite que sólo siete de cada 100 delitos sean denunciados, y de aquellos que se someten a un proceso judicial sólo el uno por ciento recibe sentencia condenatoria.

La corrupción está presente en corporaciones policiales municipales, estatales y federales, también en autoridades de estas tres formas de gobierno; está presente, también, en fiscalías y procuradurías de los estados, y en el Poder Judicial donde se obtiene la libertad de delincuentes por omisiones o argucias legales.

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