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El gran reto

 

Opinión-colorÁguila o Sol

De: Prof. Monjardín

Una vez más, el laberinto de la inseguridad atrapa a los responsables de garantizar la paz social. La tragedia de Iguala, Guerrero, escaló a niveles que obligaron al presidente Enrique Peña a tomar el control y dejar en claro que: “ante estos hechos de violencia que se han suscitado, no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”.

En efecto, lo que sucede en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y otros estados tiene su origen en la impunidad y la perversión del poder donde la narcopolítica ha sentado sus reales; el crimen organizado ha infiltrado las estructuras de gobierno y no se sabe a ciencia cierta hasta qué niveles. Recuperar el estado de derecho requiere algo más que cuerpos policiacos.

La delincuencia organizada es la responsable de los hechos en Iguala y la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa, que a decir de mis fuentes, 28 de ellos son los muertos de las fosas encontradas el pasado fin de semana, circunstancia que agravará la crisis de ingobernabilidad y descomposición social en Guerrero Problema que no desea encarar el PRD, ahora bajo el mando de Carlos Navarrete, y pretende endosarle al gobierno federal, al exigirle su intervención. ¿Olvida acaso que Ángel Heladio Aguirre Rivero y el narco-alcalde prófugo, José Luis Abarca, llegaron a sus respectivos cargos por su partido? Mejor sería que fuera pensando en ayudar y no en distorsionar.

El problema de la inseguridad en México, lamentablemente, es añejo y como sociedad hemos pagado costosas facturas: miles de vidas perdidas, rezago económico, educativo y un tejido social destruido por el terror en el que cimienta el crimen organizado su estructura de poder y control, que se ha convertido en el enemigo a vencer por los gobiernos locales y federal.

Responder a este desafío exige, insisto, algo más que cuerpos policiacos y militares, demanda un pacto entre ciudadanos y autoridades. Un ejemplo de ello es Chihuahua, que ha recuperado poco a poco la seguridad gracias a esta alianza que busca erradicar el dolor y horror que han vivido.

Hace unos días, durante su Cuarto Informe de Gobierno, César Duarte convocó a sus paisanos a seguir con el reto de recuperar sus valores que les han dado identidad como pueblo y les permiten vivir en paz. El tema de la seguridad fue el más destacado por el gobernador y presumió que se logró reducir el robo de vehículos de 28 mil 700 a 4 mil 400, al grado de que las aseguradoras en Juárez bajaron un 30 por ciento el costo de las pólizas de seguro de autos. Celebró también que se cumplió un año sin secuestros en Juárez, cuando años atrás se registraban en promedio 10 al día.

Ante 16 mandatarios estatales que acudieron a su informe, donde estuvo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, con la representación presidencial, Duarte llamó a los chihuahuenses para que 2015 sea el año de la justicia, sin la cual, alertó, no puede haber paz duradera. Incluso pidió a sus adversarios no utilizar el tema de la seguridad como bandera política que los divida.

Como una muestra de la estabilidad que hoy vive Chihuahua, Duarte anunció importantes inversiones por la reforma energética, que van de los 100 mil millones de dólares y que podrían llegar a 250 mil millones de dólares, acciones que sin duda garantizan crecimiento, empleo y un mejor porvenir para las familias.

Queda claro, entonces, que la divisa más importante para crecer es la seguridad. De modo que ahí esta el detalle, la certeza jurídica se traduce en paz social, inversiones nacionales y extranjeras que generan empleo y estimulan la educación y elevan la calidad de vida. El reto, como señalamos al principio, está en recuperar el control.

 

Políticas diferentes

Lo sucedido en México en los últimos días nos habla, muy claramente, de la convivencia, en el tiempo y en el espacio, de países muy distintos entre sí. En uno, priva la política. En el otro, priva el horror. El conflicto en el Instituto Politécnico Nacional se está dirimiendo por la vía de la política.

Hacer política implica saber escuchar los argumentos de los otros, saber ceder allí donde se puede y saber encontrar soluciones conjuntas.Es obvio que el movimiento de estudiantes politécnicos es político; algo propio de las colectividades. Y a un movimiento político se le responde con diálogo, no con la errónea suposición de que una institución educativa de ese tamaño debe ser puramente académica.

Ninguna lo es, por eso todas tienen gobierno, como bien sabe Perogrullo. Eso lo entendió, con claridad, el gobierno federal.Falta todavía el desenlace. La respuesta del gobierno cogió en fuera de lugar a aquellos ideologizados que se creen su propia propaganda y ahora no saben cómo dotar a un movimiento claramente victorioso de una fuga hacia adelante (es decir, no saben cómo convertir una victoria en derrota, como los huelguistas de la UNAM en 1999- 2000). Es probable y deseable que la comunidad politécnica preste oídos sordos a los fanáticos y aproveche lo conseguido para fortalecerse dentro de la institución.

Lo que pasó en Iguala es totalmente diferente. Es la muestra de que hay zonas del país en las que el reloj de la política va hacia atrás, hacia los años más oscuros de la segunda mitad del siglo pasado, sólo que en clave empeorada.Allí no hay diálogo, ni asunción de diferencias, ni búsqueda de consenso. Hablan las balas, la supresión física de quien no se pliega, la falsa unanimidad del miedo.

Peor que eso, la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa puso en evidencia la punta del iceberg de una entidad federativa en la que el crimen organizado y el poder político en distintos niveles de gobierno se entrecruzaron en imbricada red.

Complicidades

Antes de la agresión a los estudiantes, había denuncias públicas y era del conocimiento popular que el alcalde de Iguala tenía relaciones cercanas con el cártel conocido como Guerreros Unidos. Pero pocos imaginaban el grado de integración, prácticamente de simbiosis, entre la policía municipal y los sicarios de esa banda criminal.

Estamos ante un caso en el que la delincuencia organizada se convierte en un Estado dentro del Estado, pero no lo hace a la manera tradicional, con normas y dirigencia alternativos a los legales, sino aprovechando las instituciones y escondida detrás de las formas y rituales de la democracia representativa,. Crea un Estado autoritario y criminal que suplanta al Estado democrático.

Si las cosas son como parecen, los jóvenes de Ayotzinapa, por muy criticables que suelan ser sus métodos de activismo, tenían la virtud de no haberse doblado a las pretensiones del crimen organizado para controlarlos.Eso fue lo que les costó la vida a varios de ellos. Para que esta desgracia sucediera, tuvo que haber una connivencia entre las fuerzas políticas legalmente constituidas y los grupos delincuenciales.

El gobierno federal, aunque con reflejos tardíos, está reaccionando ante la situación.Es el primer responsable de la seguridad de los mexicanos, y no basta con respetar las atribuciones de cada nivel de gobierno, cuando dos de ellos evidentemente no están funcionando.

Por lo tanto, tiene que hacer todo lo que esté de su parte para que en Guerrero vuelva a imperar el estado de derecho.En otras palabras, tiene que dar una respuesta política —en el sentido amplio del término— al grave problema que se le ha causado a la sociedad. Para ello necesitará algo más que arremangarse la camisa y salir a la calle.

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