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Diálogo, concertación y tolerancia

Opinión-colorÁguila o Sol

De: Prof. Monjardín

Se ha dado un buen manejo político y de diálogo del gobierno federal ante las multitudinarias, pacíficas y ordenadas manifestaciones de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, en esta difícil semana en que esas protestas se conjuntan a las reacciones de rechazo tanto a los lamentables hechos ocurridos en Iguala, donde policías municipales reprimieron a balazos a normalistas guerrerenses, como a las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya. Agréguese que en general la violencia e inseguridad parecen haberse agudizado de nuevo en el país, y tendremos un peligroso caldo de cultivo en esta época de conmemoración del 2 de octubre de 1968.

Porque el diálogo, la concertación y la tolerancia han de ser instrumentos claves en el desarrollo de la sociedad mexicana; junto, por supuesto, con el mayor respeto de todos los mexicanos a un orden social constitucionalmente establecido, en el que han de sobresalir la justicia, la democracia y los más altos valores humanos. Sí, ante las complejidades y los altos números a que han llegado los conglomerados humanos, el cuerpo social requiere, junto a la libertad, ciertos frenos para desarrollarse pacífica y efectivamente; ciertos controles para orientar fenómenos que de otra manera pueden salirse de los cauces normales y afectar negativamente a todo el conjunto social. Es claro, por ejemplo, que las protestas sociales han de ser pacíficas y respetar los derechos de terceros, o que un país que ya llega a 120 millones de habitantes como el nuestro debe necesaria y adecuadamente controlar los flujos de inmigración.

Pero en este entorno es fundamental también preservar nuestras libertades constitucionales, pues tampoco conviene a los mexicanos una sociedad excesivamente controlada y regulada, ni una sociedad policíaca en la que, con la excusa del combate a la delincuencia o por el excesivo celo en el acatamiento al orden, se coarte la libertad o se cercene el respeto a los derechos humanos. Un estado policíaco o militarizado tiene muchos riesgos en todos los niveles: desde los límites a la libertad de tránsito y la proliferación de retenes y controles, con sus ilegalidades pequeñas y grandes y los riesgos de su impostura; los abusos ocasionales cometidos por militares y policías, las ejecuciones extralegales; la carga para la productividad de un inflado gasto en seguridad; el riesgo de que la proliferación de requisitos de información privada de los mexicanos sea usada por redes criminales; ¿por qué insistir en un proyecto redundante como lo es la Cédula de Identidad, cuando ya tenemos funcionando bastante bien el sistema de identificación del Instituto Nacional de Elecciones? Hay que encontrar, por decirlo así, un equilibrio dialéctico: ni anarquía ni control total, un orden libertario y democrático concertado con el mayor autocontrol de los individuos.

Y lo mismo se aplica en la necesidad de llegar a un federalismo constitucionalmente concertado como la solución idónea basada también en un equilibrio dialéctico entre los opuestos: ni dispersión federalista ni centralismo. En relación a los dolorosos hechos en Iguala, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó con razón que “es muy claro que el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales.

El federalismo debe responder a este esquema básico, con los arreglos legales, presupuestarios, de educación y capacitación, de distribución de la riqueza social, para que sea en el nivel local, y luego en el estatal, donde sean resueltos los principales requerimientos de la población mexicana. Sí, la Federación tiene sus propias e importantes responsabilidades, y debe estar también siempre dispuesta para coadyuvar coordinadamente en el éxito de las soluciones locales.

Oposición sin sentido

Una de las causas que motivó la revuelta de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en contra de las modificaciones a reglamentos y planes de estudio, se encuentra en la intención de promover, entre los estudiantes, la cultura emprendedora y la cultura empresarial(toda verdadera cultura empresarial es necesariamente cultura emprendedora, pero no toda cultura emprendedora es precisamente cultura empresarial), lo cual ha sido considerado por los quejosos como algo indebido (tal vez producto de algún complot neoliberal, orquestado por los dueños del gran capital, siempre al servicio de compañías transnacionales, cuyos intereses son contrarios a los de la patria, cualquier cosa que se entienda por “la patria”), y por ello digno de ser combatido.

El que estudiantes de nivel superior se opongan a la cultura emprendedora, en general, y a la cultura empresarial, en particular, es muestra, ¡entre otras muchas cosas!, del lamentable estado en el que se encuentra la educación económica en nuestro país, sobre todo si por tal se entiende, no la formación académica que deben recibir quienes se preparan para ser economista, sino a la cultura económica que deben recibir los alumnos en su carácter, inevitable, de agentes económicos, ya sea por el lado de la producción, la oferta y la venta, ya por el lado del consumo, la demanda y la compra, siendo que lo segundo (demandar, comprar y consumir) depende de lo primero (producir, ofrecer y vender), que supone, ¡precisamente!, cultura emprendedora y empresarial.

Oponerse a la cultura emprendedora, en general, y a la empresarial, en particular,es oponerse a la creación de más bienes y servicios (que llevan a cabo los empresarios, para lo cual deben emprender), y también a la invención de mejores bienes y servicios (que también llevan a cabo los empresarios, para lo cual nuevamente deben emprender), todo lo cual supone estar en contra de la condición necesaria (más y mejores bienes y servicios) para reducir el grado de escasez y elevar el nivel de bienestar de la gente. Esa oposición, ¿es correcta?

Los desaparecidos

En Guerrero aún permanecen en calidad de desaparecidas 45 personas: 43 estudiantes normalistas (forzados); el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el gobernador del estado, Angel Aguirre Rivero (por voluntad propia).

El mandatario, quien llegó al cargo gracias a una alianza de facto celebrada entre el PAN y el PRD, no es muy afecto que digamos a asumir responsabilidades políticas.

El 12 de diciembre del 2011, elementos de la policía estatal dispararon en contra de un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, hechos en los que perdieron la vida dos normalistas. El pasado domingo, la policía —ahora la del municipio de Iguala— disparó contra normalistas de Ayotzinapa en medio de una serie de eventos confusos, con saldo de seis personas muertas y 43 estudiantes desaparecidos.

Tras los hechos, el gobernador se tardó dos días en aparecer públicamente, pues del domingo al martes solo hubo escuetos comunicados. Cuando por fin apareció, lo único que hizo fue lavarse nuevamente las manos y cortar el cordón por el lado más débil, que es el alcalde de Iguala.

Es probable que el alcalde perredista tenga algún grado de responsabilidad en los hechos violentos del pasado domingo, al menos por omisión, pues según sus propias declaraciones públicas, se encontraba en un baile mientras estallaba la violencia en su municipio. Pero al achacarle de antemano a él toda la culpa, el gobernador elude su propia responsabilidad.

En una medida desesperada, el gobernador ordenó a los empleados del sector central, en su mayoría oficinistas, trasladarse a Iguala y sus alrededores para buscar literalmente casa por casa a los estudiantes desaparecidos.

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