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De lo necesario a lo suficiente

Opinión-colorErick Zúñiga

Cuando el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, estableció tres condiciones para reanudar las conversaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): 1) no puede ser un diálogo que busque evadir la ley; 2) no puede ser un diálogo para que no se aplique la reforma educativa; 3) no se acepta el diálogo con acciones que violan la ley y dejan a los niños sin clases, en realidad, estaba “poniendo la pica en Flandes”. Vale decir, estaba conquistando un territorio (como lo hizo Felipe IV, después de arduos esfuerzos, en las costas del Mar del Norte, en lo que ahora es Bélgica) que hasta hace poco parecía un coto vedado, impenetrable, para el gobierno federal. ¿Por qué? Porque las condiciones del diálogo con las autoridades federales las habían puesto e impuesto los líderes del magisterio disidente. Simple y sencillamente, hasta hace unos meses el poder público había estado contra las cuerdas.

No ha habido oposición más encarnizada a la reforma educativa que la presentada por la Sección XXII con sede en Oaxaca y sus ramificaciones en varios estados de la República, principalmente, Guerrero, Chiapas y Michoacán. Desacuerdo que se expresó de diversas formas pero, en especial, de manera violenta con bloqueo de carreteras, calles y avenidas, afectaciones a negocios grandes y pequeños, toma de alcaldías, quema de edificios públicos, enfrentamiento con elementos de seguridad y militares. Pero el agravio mayor fue dejar las aulas vacías.

En esta estrategia de choque, los maestros de la CNTE “aglutinaron fuerzas” con los normalistas de Ayotzinapa, organizaciones afines, medios de comunicación y comunicadores simpatizantes de su visión “insurreccional”. El punto de mayor enjundia se alcanzó hacia fines de año pasado, pero quisieron extender su actitud beligerante al 7 de junio con el intento de boicot a las elecciones locales y federales. No lo lograron. El INE, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación y las fuerzas de seguridad, pudieron garantizar el derecho al voto de los ciudadanos en un 98 por ciento.

El punto de inflexión del poderío de la CNTE se localiza en la recuperación, el 21 de julio, del ente educativo de Oaxaca, el IEEPO, por parte del Estado. Instituto que estuvo en posesión de la CNTE junto con el dinero público dedicado a ese ramo. Con esa decisión el gobierno cercenó el piso a los dirigentes del magisterio oaxaqueño quienes obligaban a sus agremiados a asistir a marchas, plantones y desmanes bajo la amenaza de que si no participaban en las “movilizaciones”, les recortarían sus ingresos. Se acabó el chantaje.

El gobierno federal ha pasado de la defensa al ataque: docente que falte a clases no recibirá la paga correspondiente. Y quien acumule tres faltas será separado de su empleo. La reforma educativa no se va a detener por la animadversión que la CNTE profesa contra ella.

Convengamos en que, en ciertas ocasiones, los conflictos políticos se concentran en un determinado tema de la vida pública. Las fuerzas antagónicas esparcidas en una gran variedad de sectores y regiones, de repente se encuentran frente a frente luchando, a brazo partido, por el dominio de un campo específico de la contienda. Como si en el lance fuera toda la disputa en prenda. Eso es exactamente lo que está pasando hoy en día con la educación en México. No hay tópico de la política nacional que sea más importante que ese. Se puede decir, sin exagerar, que en la educación no sólo está en juego ese importante ramo de la economía y la cultura del país, sino también el porvenir de la sociedad en su conjunto.

En una democracia plural como la que hoy tenemos en México, contar con el respaldo presidencial es necesario, pero no suficiente. Por eso fue importante que los gobernadores, reunidos en la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), acordaran, en esta misma semana, la consolidación de un frente común para materializar la reforma educativa mediante la creación de cinco zonas geográficas y la emisión de los Certificados para la Infraestructura Educativa (CIEN).

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

Acción histórica y trascedental

El próximo 28 de octubre puede ser histórico para el derecho mexicano pues se puede regularizar el consumo de la mariguana desde la perspectiva de derechos humanos. La Primera Sala de la SCJN discutirá el proyecto de Arturo Zaldívar en respuesta a un amparo de la SMART, que pugna el libre ejercicio del derecho humano a la autodeterminación, para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo, desde su cultivo hasta su uso sin incurrir en delito. La Cofepris negó el permiso para crear un club de autoconsumo lo que implicaría siembra, cultivo, cosecha, pero no comercialización de ésta. Históricamente su uso ha despertado muchos mitos y realidades, además de que cinco ministros de la Corte pueden apoyar una medida que solamente dos de cada 10 mexicanos apoyamos, pero vamos por partes:

Experiencia internacional: En Colorado se produce, distribuye a las tiendas, estás la venden, tienen ganancias, en España, los clubs cannábicos no son organizaciones de lucro, en Holanda hay comercialización a través de los coffee shops, y en Uruguay los consumidores dejaron el mercado negro. En México la ley permite la portación y consumo personal de cinco gramos, lo necesario para producir seis cigarros. Todavía hay una mayoría a la que se le ponen los pelos de punta. Por ejemplo, aunque no aplica lo anterior Manuel Mondragón de Conadic dice que no quiere un país mariguanero.

¿Todos consumen mariguana? Es la droga ilícita más consumida en el mundo, pero no la única, con 180 millones ¿equivalente a la población de Brasil? y un mercado estimado en 41 mil millones de dólares. En México, el 1.4% de entre 12 a 65 años acepta que la consume (un millón 300 mil) equivalente a la población de Quintana Roo.

No bajaría la violencia. Su regulación reduciría los ingresos del crimen organizado de 25 o 30%, pero hay otras actividades que aportan más dinero que esta droga, por lo cual parece complicado que su regulación signifique cero violencia. Por otra parte en México el consumo del alcohol causa 54% de muertes por accidentes de tránsito. La OMS asegura que la falta de actividad física causa 6% de las muertes en el mundo. Nadie se ha muerto por sobredosis de mariguana, ya que se tendría que consumir entre 20 mil y 40 mil cigarrillos de mariguana, o unos 680 kg, en 15 minutos. Pero si se regularizara lo lógico sería que existieran mariguanómetros, y que las sanciones por conducir bajo el influjo puedan ir desde el servicio comunitario hasta el ingreso a clínicas de rehabilitación.

Prospectiva y opinión pública. Por desgracia de acuerdo a Parametría en 2013, ocho de cada 10 mexicanos estaban contra su regularización; en 2008 eran nueve. El sentido liberal de los votos de Olga Sánchez y Cossío, así como el voto de su ponente Zaldívar generan un escenario de tres contra dos, lo que sería suficiente para modificar el esquema legal, cuando casi el 80 por ciento de está en contra. En caso de que la SCJN otorgue el amparo a SMART, la Cofepris tendría que otorgar el permiso.

Una política pública debe partir de un diagnóstico que tome en cuenta los beneficios para las mayorías y minorías en materia de seguridad, salud y libertad de elegir de los ciudadanos, por encima de discursos populistas y moralistas de los gobernantes

Buenas noticias: No se necesita ser economista para saber que el gobierno no puede generar solo los 313 mil empleos que, según la OCDE, México necesita. Hay distintos esfuerzos empresariales para impulsar su generación: A) Startup Nations Summit 2015, que reunirá a los líderes que definen políticas públicas para fomentar el emprendimiento; y B) la campaña de Ana y Mary, antes Pepe y Toño, del Consejo de la Comunicación que alienta a liderar empresas formales para crear más y mejores empleos para las familias mexicanas. Hoy tres de cada cinco Pymes son lideradas por mujeres lo que refleja su importancia en la vida laboral del país.

Test de constitucionalidad

Este 28 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia se pronunciará sobre el juicio de amparo interpuesto por la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante y un grupo de ciudadanos. Los quejosos impugnan una resolución de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) que negó la autorización para producir mariguana limitada al autoconsumo con fines “lúdicos y recreativos”. La Cofepris alegó que la Ley General de Salud (LGS) sólo permite, previa autorización, la producción y utilización de sustancias psicotrópicas cuando tienen fines “médicos y/o científicos”. Más aún, la misma LGS prohíbe a la Cofepris expedir la autorización solicitada.

Los quejosos acudieron a la justicia alegando que los artículos de la LGS en los que la Cofepris fundamentó su resolución violaban sus derechos a la identidad personal, la imagen propia, el libre desarrollo de la personalidad, la autodeterminación y la libertad individual. En una primera instancia, un juez de distrito les negó el amparo bajo el argumento de que los artículos impugnados son medidas necesarias y aptas para proteger la vida de las personas y evitar problemas graves de salud pública.

Inconformes, los quejosos interpusieron un recurso de revisión que recayó en la Primera Sala de la SCJN. La ponencia se turnó al ministro Arturo Zaldívar, quien desató un debate con un proyecto de sentencia que propone dar el amparo y permitir que la Cofepris conceda la autorización para producir mariguana con fines lúdicos y recreativos.

Libertad indefinida

La ponencia plantea declarar inconstitucionales los artículos de la LGS que impiden a la Cofepris autorizar la siembra, el transporte y la preparación de la mariguana, cuando el propósito es el autoconsumo con fines lúdicos.

De acuerdo con el texto difundido, el derecho a consumir mariguana está subsumido dentro de un derecho más amplio: el libre desarrollo de la personalidad. Zaldívar argumenta que la experimentación con las sensaciones producidas por el narcótico son parte del ejercicio de ese derecho. Una vez asentada la existencia del derecho, procede a analizar si las restricciones a su ejercicio previstas en la LGS e impugnadas por los quejosos superan un test de constitucionalidad.

El proyecto sostiene que las disposiciones de la LGS impugnadas persiguen una finalidad constitucionalmente válida: la protección de la salud de las personas y el orden público. Sin embargo, incumplen con tres requisitos adicionales.

En primer lugar, la prohibición de producir mariguana para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos no pasa la prueba de idoneidad, porque de un análisis empírico se desprende que el consumo de mariguana tiene una afectación mínima a la salud, la dependencia que genera es insubstancial, tampoco aumenta la propensión a utilizar drogas “más duras” ni induce a la comisión de otros delitos.

Tampoco pasa la prueba de necesidad, pues existen otras medidas más efectivas que afectan menos el derecho al desarrollo de la personalidad. Finalmente, reprueba el test de proporcionalidad porque los costos sociales que genera son mayores que los beneficios.

La parte más interesante es el test de constitucionalidad; la menos convincente, desde mi punto de vista, es la derivación misma del derecho al libre desarrollo de la personalidad y su relación con el consumo de mariguana. El derecho no se encuentra expresamente reconocido en la Constitución.

La misma ponencia se refiere a él como una “libertad indefinida”, una especie de derecho metaconstitucional. Todo ello resulta inquietante porque si el derecho constitucional no existe, no sólo el test de constitucionalidad pierde relevancia, sino que la misma intervención de la SCJN para modificar la LGS se queda sin justificación.

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