Inicio / OPINIÓN / Daños a la salud

Daños a la salud

Opinión-colorErick Zúñiga

Juan Rivera, y otros investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), han presentado diversos estudios relativos al daño que provoca en la salud de las personas el consumo de bebidas edulcoradas; y en consecuencia, estudios adicionales que muestran la relevancia social y económica de gravar con impuestos especiales a este tipo de bebidas.

La evidencia disponible es contundente: consumir refrescos tiene efectos obesigénicos, y provoca otros daños como la alteración de los niveles de glucosa en la sangre, lo cual puede llevar al padecimiento de la diabetes o a la agudización de enfermedades hipertensivas.

Asimismo, los estudios del INSP han acreditado el “comportamiento elástico” de los precios de los refrescos; lo cual significa en lenguaje llano, que en la medida en que se incrementa el precio de los refrescos, disminuye su consumo, lo cual tiene un efecto relevante en las condiciones de salud pública del país.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el lunes pasado que existe evidencia suficiente para considerar que las carnes procesadas son cancerígenas para las personas.

En ese sentido, sería absurdo pensar que comer una salchicha, una torta de jamón o tomarse un refresco va a conducir a la muerte a las personas; y en esa lógica, lo que las y los expertos advierten en la necesaria regulación del Estado en materia de prevención de la salud, pero también de contención a las prácticas voraces del mercado, pues hay industrias que sin ninguna consideración ética, inundan de productos dañinos a prácticamente todos los espacios de la vida social y comercial.

Desde esta perspectiva, las políticas públicas exigibles en un Estado con vocación social son de dos tipos: unas de corte fiscal, a fin de generar mayores costos relacionados con el consumo de productos que dañan la salud, sobre todo ante la evidencia científica relativa a que estas medidas son eficaces; y en segundo término, políticas de prevención, para informar apropiadamente a las personas sobre el riesgo de consumir tales o cuales productos.

Desde esa lógica, las normas relativas al etiquetado son fundamentales; apelando sobre todo a la garantía constitucional del derecho a la información, el cual tutela no sólo el acceso a los datos públicos, sino que en esencia debería ser entendido también como la posibilidad de acceder a información que permita la garantía y protección de los derechos de las personas, como en este caso, los relativos a la salud y la vida.

Ante la evidencia presentada por el Comité de expertos de la OMS y del INSP, lo que se impone es de inmediato un análisis riguroso de la Comisión Federal de Protección de los Riesgos Sanitarios (Cofepris), amén de que el tema debería escalar al nivel del Consejo de Salubridad General, máxima autoridad en materia de salud pública del Estado mexicano.

Las industrias involucradas son muy poderosas; de hecho, si Juan Rivera y sus colegas estuviesen equivocados, el cabildeo en el Congreso para eliminar el impuesto a los refrescos no tendría la intensidad con que se ha dado en las últimas semanas; pues lo que es evidente es que un impuesto de esa naturaleza sí disminuye el consumo.

Las empresas argumentan que de continuar la tendencia se perderán miles de empleos; que miles de familias perderán sus ingresos, y un largo etcétera; pero del otro lado, de no ponerles un freno, los costes que enfrentará la sociedad en términos de pérdidas humanas y costo financiero de la atención a la salud son simplemente impagables.

De ahí la necesidad de un Estado fuerte, capaz de tomar decisiones que beneficien a la mayoría, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. De acuerdo con el INEGI, en 2013 fallecieron alrededor de 86 mil personas por diabetes y 80 mil más por cáncer: ¿no serían estos datos suficientes como para frenar a un mercado rapaz?

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

El tema de la equidad

La vinculación entre desarrollo económico y justicia social no es nueva. Para la ONU, y entidades como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es necesario hablar de ambos, pues uno impulsa al otro. En el nuevo discurso económico el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es tan importante como el PIB per cápita de un país, la fortaleza de los países se mide en la fortaleza de su clase media, y hace unos pocos días, el Nobel de economía se le otorgó al Profesor Angus Deaton por sus estudios sobre la relación entre inequidad y pobreza

Con ésta el Gobierno de la República enfrenta la gran cuestión del México moderno: ¿Cómo eliminar la pobreza? Para esto parte de la premisa de que la pobreza es un fenómeno complejo y multivariable que afecta en mayor medida a un grupo particular de personas: mujeres, personas con discapacidad, población de la tercera edad, indígenas, entre otros, por lo que para combatirse efectivamente debe de idearse estrategias integrales que combatan todos los aspectos relacionados a esta. Es en este sentido que atinadamente que el Gobierno ha lanzado la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación con el objetivo de acercar a estos grupos a un empleo digno al eliminar las barreras para ejercer el trabajo digno mediante la creación de un “piso parejo”. Desde la presentación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) esta administración vinculó a un México más próspero con un México más incluyente.

De acuerdo al INEGI solo 4 de cada 10 mexicanas en edad de trabajar tienen actualmente un empleo, comparadas con las 6 de cada diez chilenas y colombianas y las 7 estadunidenses en el mismo caso.  Esto permite intuir que hay una enorme pérdida de potencial de innovación y crecimiento. Si a esto agregamos la interseccionalidad de la discriminación, podemos decir que para una mujer indígena mayor de 50 años con discapacidad, el acceso al trabajo digno es prácticamente nulo. La exclusión laboral amedrenta a la economía mexicana en el conjunto.

En nuestro país las mujeres estudian en mayor proporción un posgrado, lo que implica una mayor preparación académica al presentarse en el mercado laboral, no obstante esto no se refleja en su integración al mundo laboral, sin decir de la presencia de una brecha salarial entre los géneros. Es decir el fenómeno de la inclusión laboral es más complicado que simplemente acercar a la mujer a los empleos, pues no solo se trata de crear incentivos para que las empresas contraten un mayor número de mujeres, sino también de crear incentivos para aumentar su permanencia, junto con la de otros grupos sobrepresentados, en estas e idealmente, cultivar al máximo su capital humano.

La Norma se integra a lo previsto por la reforma laboral y a la transversalidad de la perspectiva de género del PND. Para esto busca atacar directamente la brecha salarial por género, promover la licencia de paternidad e incentivar la flexibilidad de horarios a manera de mejorar la conciliación laboral y personal. Con esto su objetivo es cambiar la cultura laboral mediante la incorporación de las mejores prácticas internacionales, además de homologar el marco vigente con los convenios internacionales en la materia. Ésta es de las primeras grandes acciones del gobierno en el marco de la nueva agenda para el desarrollo, la Agenda 2030, adoptada en septiembre por los Estados miembros de Naciones Unidas.

Vale la pena señalar asimismo como estas medidas se construyen dentro del llamado triángulo de oro de las políticas públicas: con la participación de gobierno, iniciativa privada y sociedad civil. Para nosotras las y los legisladores que estuvimos en el proceso de acompañamiento previo es un paso en la dirección correcta el fortalecer el marco normativo de igualdad en el país. Ahora el impacto práctico de esta medida recaerá en gran parte en la aceptación de esta norma por los centros de trabajo público, privado y social del país. Seguro que irá por buen camino.

No serviría de mucho

Pasaron de ser una posibilidad incierta e impredecible para adquirir el rostro de lo concreto. Las «candidaturas independientes» encarnaron y son ahora las caras de Jaime Rodríguez, Manuel Clouthier y Pedro Kumamoto, entre otros. Cada uno, muy a su manera, se vistió de héroe en las distintas regiones en donde contendieron. Acaso el mayor signo en común: ir a contracorriente contra el sistema.

Más allá de los retos que a cada uno se les exigirá, la verdadera razón por la que ahora nos ocupamos de hablar de ellos es una y solo una: su éxito.

Un éxito que sin duda no es incoloro ni neutral. Cada uno tiene antecedentes políticos e ideológicos que los distinguen. Pero “independiente” no significa pureza, sino más bien «sin partido». Y me parece que en ese rasgo reside el mayor atributo de esta figura de participación política.

¿Por qué? Pues porque los ciudadanos estamos hasta la madre de los partidos políticos y sus prácticas anacrónicas y mafiosas.

Ayer, en una plática, escuché decir qué la única disyuntiva real en el escenario electoral de 2018 es si Andrés Manuel López Obrador tendrá un contendiente lo suficientemente serio como para arrebatarle la presidencia. En el liderato absoluto de todas las encuestas y en medio del desgaste terrible que sufren PRI y PAN, la pregunta que nos debemos de hacer es si el germen ciudadano alcanzará para oponer una figura competitiva frente al persistente “Peje”.

Sin duda, el caldo de cultivo se cocina. No es casualidad que Manuel Clouthier abandere una iniciativa para perfeccionar la figura de candidaturas independientes apoyado por un grupo amplio de líderes de opinión a nivel nacional. No es casualidad tampoco que “El Bronco” no suelte el protagonismo nacional desde la palestra que le ofrece un estado poderoso e importante como Nuevo León. Y no será casualidad que en las próximas elecciones locales de 2016 veamos experimentos cuidadanos en alcaldías, diputaciones locales y hasta en gubernaturas. Experimentos empujados por organizaciones de la sociedad civil y financiados sin duda por empresarios dispuestos a intentar otras recetas de acceso al poder.

Estoy convencido que la coyuntura política nacional da para mucho más que la resignación por qué nos gobiernen candidatos que ganarán con el voto duro del 30 por ciento del padrón electoral.

Resignarnos a eso implica aceptar gobernantes con una representatividad que no rebasará el 20 por ciento del electorado total. Gobernantes elegidos con la legitimidad que da una televisión digital regalada, una despensa o el privilegio sindical. ¿Neta eso queremos para el futuro inmediato?

Asunto espinoso

La legalización del consumo de la mariguana es un tema espinoso inclusive para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes decidieron darse otra semana para decidir en torno a este grave asunto.

Los ministros deben decidir si proceden amparos solicitados por particulares para consumir mariguana “con fines lúdico-recreativos” y, en consecuencia, despenalizar actividades relativas al autoconsumo como cultivar, poseer y transportar la yerba. En cambio quedaría prohibida la comercialización.

Antes de la sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) trascendió que el ministro, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, había preparado una ponencia favorable a los solicitantes de amparo, quienes consideran que prohibir el consumo de mariguana con fines lúdicos y recreativos es contrario al libre desarrollo de la personalidad.

Para mayor presión sobre los ministros, frente al edificio de la Suprema Corte se efectuaron manifestaciones de grupos a favor y en contra y desde el otro lado de la frontera norte llegan los ecos de la legalización de la droga en numerosos estados de la Unión Americana.

Revisar tambien

Zedillo, ‘chapulín fifí’ que brincó a empresa vinculada a gobierno: López Obrador

Agencias/El Presidente pidió que se apruebe la ley de austeridad que impedirá a funcionarios trabajar ...