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Corrupción y fuero

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El fuero en la época moderna y en gobiernos con división de poderes se estableció para hacer efectiva la independencia del Poder Legislativo y protegerlo de la interferencia de los otros poderes o de terceros interesados en impedir o estorbar el ejercicio de sus funciones. También se hizo como una prerrogativa a los legisladores para garantizarles la libertad y autonomía necesarias en el desempeño de sus funciones.

En el Derecho Mexicano el fuero nació como un recurso para proteger a los diputados y senadores  de denuncias o amenazas, comúnmente  procedentes del Poder Ejecutivo, con la finalidad de controlar, por medio de la fuerza, un poder que debe ser independiente.

El fuero Constitucional comprende la inmunidad de que disfrutan los legisladores por las opiniones que expresen en el desempeño de su cargo y no puedan ser reconvenidos por ellas.

Este privilegio no es una prerrogativa personal, se le da al cargo de legislador y sólo mientras se desempeña, para que no tenga responsabilidades por sus opiniones, escritos o votos en su función legislativa y la inviolabilidad constitucional sólo tiene validez en el ejercicio de esas funciones legislativas en las Cámaras.

Es un privilegio de carácter procesal  en materia penal. Los diputados y senadores no pueden ser detenidos, procesados ni juzgados, por sus probables responsabilidades en la comisión de un delito, salvo en el caso de que se encuentren separados de sus funciones legislativas en ese momento.

Esta decisión de implantar el fuero se tomó por el impacto que causó el asesinato del Senador Belisario Domínguez en 1913, al que antes de fusilarlo le cortaron la lengua, como un escarmiento por las palabras vertidas en sus discursos en la Cámara.

Actualmente los beneficios del fuero se han hecho extensivos a los legisladores locales, lo cual podría justificarse, pero también ya se le concede al Presidente de la República, a gobernadores, magistrados, presidentes municipales, a directores de organismos constitucionales autónomos; a directores de empresas descentralizadas y a otros funcionarios públicos; en total suman diez y nueve los funcionarios que gozan de fuero, además de los legisladores.

El fuero en su sentido más amplio se entiende como inmunidad absoluta por expresiones emitidas por los legisladores en el desempeño de su cargo y como inmunidad relativa a la que disfruta el Presidente de la República, frente a ciertas acusaciones de naturaleza penal, durante el tiempo de su encargo y  se refiere a que cualquier acusación penal sólo puede ser procesada previo agotamiento del requisito de  declaración de procedencia o desafuero, lo cual, en México, es muy difícil de realizar como lo demuestra el hecho de que sólo ha sucedido una vez, cuando el Senador Jorge Díaz Serrano perdió el fuero por la acusación de delitos cometidos cuando fue el director de Pemex, en  el período del Presidente José  López Portillo. Fue desaforado, juzgado y condenado y pasó cinco años en prisión, después de los cuales fue puesto en libertad por no habérsele probado el delito del que se le acusó.

El que actualmente se haya extendido el beneficio del fuero a tantos funcionarios públicos es un elemento más que favorece la corrupción, ya que las responsabilidades de su función están contenidas en las normas respectivas y su deber es actuar conforme a ellas, no es lógico que se requiera un desafuero para sancionar a quien haya violado las  leyes que se comprometió a cumplir al aceptar el cargo. En el caso de Legisladores se explica porque la protección es sólo  a la expresión de opiniones; el aplicarlo a la ilegalidad de las acciones de los funcionarios es un abuso y favorece la corrupción.

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