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Comportamiento social

 

OpiniónEn fechas recientes se han dado a conocer varios indicadores referentes a la corrupción en México: En el Índice de la Percepción de la Corrupción 2015 dado a conocer el 27 de enero por Transparencia Internacional (TI) sección México, nuestro país obtuvo 35 puntos en una escala de 0 a 100, en la que 0 significa el más alto nivel de corrupción y 100 el nivel más bajo. Ocupamos el lugar 95 de entre 168 países. El documento de TI señala que entre los países de la OCDE, México está en el último puesto en materia de corrupción, o sea, el número 34.

Por su parte, el reporte Freedom in the Word elaborado por Freedom House, le da a nuestro país un puntaje general de 65 sobre 100 respecto de las libertades civiles y políticas. En esta clasificación se toman en cuenta indicadores como: procesos electorales, pluralismo político y participación; funcionamiento del gobierno; libertad de expresión y libertad de culto; derechos de asociación y agrupación; Estado de Derecho, dignidad personal y derechos individuales. La corrupción se encuentra en el rubro “funcionamiento del gobierno”. Allí se señala que el crimen organizado y la violencia derivada de este fenómeno delictivo han limitado “la efectividad de la autoridad en algunas zonas del país”. Se dice, igualmente, que “la corrupción entre los funcionarios del país es un problema muy serio y que millones de dólares provenientes del narcotráfico entran a México desde Estados Unidos.

Debemos traer a colación que el año pasado el Congreso de la Unión aprobó las reformas constitucionales que crearon los Sistemas Nacionales Anticorrupción y de Transparencia. Es evidente que los frutos de estas reformas legales no serán inmediatos. Dicho de otro modo: sería descabellado pensar que la nueva normatividad en materia de transparencia y lucha contra la corrupción vendrá a surtir efecto y a traer consecuencias favorables en un santiamén.  Y así sucederá con cualquier otra propuesta jurídica en la materia. Erradicar males que han echado raíces en nuestras instituciones públicas tomará tiempo.

Ciertamente, contar con mejores indicadores nacionales e internacionales así como instrumentos legales e institucionales más apropiados para combatir la corrupción, es un gran paso; pero esto, de suyo, no significa que ya tengamos todos los instrumentos para enfrentar ese mal endémico que ha impedido el desarrollo de la Nación. La corrupción, por decirlo de manera figurativa, es un monstruo de mil cabezas.

Para enfrentarla en sus complejas expresiones hay que abordarla desde diversas perspectivas, una de las cuales es la cultura social, el comportamiento colectivo por medio del cual le damos la vuelta a la ley y la retorcemos. El gusto por saltarnos las prescripciones normativas y hacer lo que se nos pega la gana. Tomemos en cuenta, por ejemplo, cómo se vive en ciertos círculos sociales a nivel federal, en los estados de la República, incluso en poblados y municipios. Allí la corrupción se acepta e incluso se le admira. Hay una especie de competencia para ver quién acumula más bienes inmuebles; carros y camionetas de lujo; ropa de marca para el funcionario y su familia; viajes al extranjero; inscripciones a escuelas privadas y clubes deportivos exclusivos; quién tiene las amantes más jóvenes y bellas; qué puesto público desempeña y con cuántos recursos del erario dispone; el número de choferes y guaruras que le sirven; el séquito de lambiscones y aduladores que lo rodea; a cuáles eventos sociales concurre y en qué ambientes es aceptado; cuáles son las obras de arte que colecciona. De esta manera la corrupción se convierte en una vía para dar estatus social, fuente de prestigio y alarde de poder. No importa que el nivel de vida del funcionario no corresponda a su ingreso. En este torneo de vanidades lo importante es la ostentación. La corrupción es el mecanismo más poderoso de ascenso social.

Esta otra cara del fenómeno que nos ocupa no ha sido analizada debidamente entre otras razones porque escapa a los métodos cuantitativos tradicionales. Se trata de una especie de “sociología de la corrupción” todavía por ser escudriñada.

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

Problemas de salud pública

¿Qué pasaría si su médico familiar le platicara que vive en un país considerado por los mejores doctores del mundo como territorio de emergencia de salud pública, y si al mismo tiempo en las primeras planas de los diarios y noticieros de radio y TV escuchara a la máxima autoridad del país minimizando la amenaza  del virus del zika? Es un acierto en materia de comunicación que antes de generar pánico se informe a la población de los efectos, sin embargo, ¿el Comité de Emergencia de la OMS está sobredimensionando los riesgos?, o las autoridades mexicanas  no le toman importancia a que nuestro país y otras 23 naciones de América se encuentren en una emergencia de salud pública de importancia internacional, pero mejor vamos por partes:

¿Estamos ante un veredero riesgo? Durante la conferencia “Estrategias de Manejo de Riesgo en un Mundo Incierto”, ofrecida en 2002, Paul Slovic, experto en análisis de riesgos, habló acerca de la percepción que generan eventos extremos como tormentas, inundaciones, epidemias, fallas tecnológicas y errores humanos no intencionales, como la explosión en la central nuclear de Chernobyl. Esa conferencia puede explicar por qué actualmente las autoridades nacionales e internacionales tienen diferentes visiones sobre los efectos del zika. El problema de origen son los distintos significados de la palabra “riesgo”, que propician errores en la comunicación. Sin embargo, sin importar la definición, se asume que las probabilidades y consecuencias de adversidades y, por ende, los “riesgos” pueden ser cuantificados de manera objetiva por una evaluación especializada. Así, tenemos que la OMS y la Secretaría de Salud tienen evaluaciones de riesgo diferentes.

Percepciones sobre el riesgo.  Las diferentes posturas entre autoridades de salud pública pueden explicarse — según Paul Slovic — a partir del concepto de “percepciones sobre el riesgo”, partiendo del hecho de que las diferencias en la percepción de riesgos se originan en el centro de los desacuerdos sobre la mejor manera de proceder entre los expertos técnicos y los miembros del público general basado, por ejemplo, en el marco de referencia de cada cultura.

¿Amenaza para la salud pública? Dice Margaret Chan, secretaria general de la OMS, que es necesaria una respuesta internacional coordinada para minimizar la amenaza. Al mismo tiempo, Mercedes Juan, titular de la SSa, considera que estas palabras son una sobrerreacción, y que lo que se debe hacer es que los sistemas de salud adopten medidas de prevención. Está postura llama la atención, ya que las autoridades mexicanas en materia de salud no contradicen las recomendaciones de este tipo de organismos, por no decir que las toman como recetas de cocina. Recordemos cómo las recomendaciones en materia de políticas públicas de la Organización Panamericana de la Salud a la Secretaría de Salud, en materia de impuestos a los refrescos, entran como cuchillo en mantequilla, sin que se cuestione su evidencia científica.

Esperemos que antes de hacer declaraciones, nuestras autoridades hayan analizado bien el riesgo, y que sus posturas, que minimizan los efectos de piquetes de moscos con zika, no sean consecuencia de la fiebre, dolores de cabeza y articulaciones, conjuntivitis y erupciones en la piel que éstos provocan. Paul Slovic dice que, indudablemente, una distinción bien conocida entre la responsabilidad sentida y la atribuida por actos de omisión contra actos de comisión también juega un papel importante. En tanto que la falla en la anticipación de una fuente de peligro conocida de manera teórica, pero nunca antes experimentada, puede ser excusable, la falla en reducir un riesgo proveniente de una fuente conocida, ciertamente no lo es.

Slovic dice que varios estudios realizados dentro del paradigma psicométrico han mostrado que el riesgo es cuantificable y predecible. Cada individuo es diferente, y al estudiar el riesgo, se aprecia que cada individuo lo percibe de distinta forma. Por ello es importante tratar de identificar qué variables personales están provocando dicha percepción.

Mucho cuidado

El martes pasado diferentes organizaciones presentaron a la opinión pública una iniciativa ciudadana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta ley es uno de los dos pilares del Sistema Nacional Anticorrupción, que fue creado mediante la reforma constitucional de mayo de 2015. Se trata de una iniciativa confeccionada y avalada por 19 expertos en diversos aspectos relacionados con la corrupción, tanto en el ámbito académico como profesional, del sector público y privado. Inspirada parcialmente en aquel movimiento del llamado 3 de 3, impulsado por el Imco y Transparencia Mexicana el año pasado, esta iniciativa trata específicamente de las responsabilidades de quienes son o pueden ser servidores públicos, o quienes están relacionados con el ámbito público. En esta ley se especifican las diez conductas que se consideran graves y constituyen actos de corrupción, así como la forma de investigación y las sanciones correspondientes. Coloquialmente le hemos llamado la Ley 3 de 3.

Se trata de la primera iniciativa ciudadana que buscará las cerca de 120 mil firmas de apoyo para que pueda llegar al Congreso y ser discutida. Necesitamos a 120 mil mexicanos agraviados por la corrupción. No tengo duda que los encontraremos en el país.

Los tipos de reacción encontrados a los pocos días del anuncio son variados. Entre algunos, existe un escepticismo por considerar que la corrupción es cultural, que cambios legislativos per se no lograrán ningún cambio, que lo que falta es voluntad política para ejercer la autoridad y acabar con la impunidad. Entre otros existe cierta aceptación de la necesidad de esta ley, condicionada a que se ejerza con firmeza, pero en “los bueyes de mi compadre”.

Algunos servidores públicos han manifestado su temor de que pueda usarse en su contra por motivos políticos y que pueda paralizar la operación por miedo a tomar decisiones que más adelante pudieran ser consideradas como actos de corrupción.

Pero el grupo más amplio, más generalizado es por mucho el que está convencido que el país no puede continuar con la corrupción que perciben en todos los ámbitos de la vida pública: el otorgamiento de un permiso de construcción, la licitación pública, las obras y adquisiciones asignadas sin concurso, los favores a los amigos y parientes que privilegian a unos cuantos, el enriquecimiento inexplicable de servidores públicos y empresarios que se coluden para extraer más recursos del erario, y un largo etcétera. Es comprensible el escepticismo, la duda e incluso la indiferencia. Ha habido intentos “oficiales” que se han convertido más en un discurso político que en una realidad.

¿Por qué esta vez es distinto?

En primer lugar porque surge de grupos de expertos y organizados de la ciudadanía. Es una ley sólida técnicamente, consistente con el concepto de sistema anticorrupción. Segundo, porque enfrenta aquellos problemas que las leyes actuales no consideran. Por ejemplo, quienes son sujetos al cumplimiento de esta ley son todos los servidores públicos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los tres órdenes de gobierno, en los órganos autónomos, los candidatos a elección popular, los equipos de transición, los particulares (empresas y personas físicas) que se involucren en actos de corrupción. Tercero, porque encauza el descontento social, el hartazgo ante la corrupción evidente de ciertos personajes que hacen frecuentemente las 8 columnas de los periódicos, porque es un pilar de un andamiaje institucional que contribuye significativamente a la maduración de nuestra democracia.

Por eso y más es necesario apoyar e impulsar esta iniciativa ciudadana que busca consolidar nuestra vida social. La corrupción corroe el tejido social, nos cuesta muchos recursos, genera descontento y polarización, indiferencia que sólo alimenta los populismos redentores, o los autoritarismos que atropellan. Súmate a este movimiento. Checa “www.ley3de3.mx”, donde encontrarás el texto de la iniciativa, el formato para tu firma y los lugares donde la puedes depositar. Ejerzamos este derecho que nos otorga la Constitución.

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