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Complejidades

 

Opinión-colorErick Zúñiga

El 2015 ha sido un año muy complejo para la economía mundial. La caída de los precios internacionales del petróleo, la turbulencia de los mercados financieros globales, la desaceleración de la economía China y los conflictos en Oriente Medio tuvieron importantes impactos en los mercados cambiarios y en la reducción de las expectativas de crecimiento de todos los países, donde México no fue la excepción.

A pesar de este entorno internacional adverso, nuestro país -contrario a lo que muchos opinan- mantuvo un ritmo de crecimiento sostenido, que permitió el incremento del empleo formal y la inflación más baja de la que se tiene registro.

Lo anterior derivó del fortalecimiento del mercado interno, traducido en el aumento de la venta de automóviles, electrodomésticos y de las tiendas de servicios y departamentales. Por otra parte, el manejo responsable de la política monetaria contribuyó a darle solidez a las finanzas públicas, siendo México el único país latinoamericano que aún mantiene la tasa de interés en niveles históricamente bajos y sin cambio y crecerá, según la OCDE, por encima del promedio de los países de esta región y algunos del Caribe.

Frente a este escenario complejo, el gobierno federal, junto con el Poder Legislativo, construyeron un Paquete Económico y un Presupuesto de Egresos para el 2016 que consolida la estabilidad y responde a la incertidumbre global mediante medidas de austeridad, el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos. Este esfuerzo implicó la reducción del déficit público y una reingeniería del gasto que evita duplicidades y atiende rubros importantes en materia de educación, salud, infraestructura y otros programas dirigidos a combatir la desigualdad y el rezago social.

El efecto global que estas acciones puedan tener para lograr el crecimiento esperado dependerá en buena medida de la alineación presupuestal que tengan los estados y los municipios.

Si bien existe una concurrencia presupuestal normada por las leyes de planeación, coordinación fiscal, presupuesto y responsabilidad hacendaria, entre otras, dado nuestro sistema de transferencia que se conforma de las participaciones federales -recursos no condicionados que se transfieren a las entidades federativas- y el sistema de aportaciones federales, que son recursos destinados al logro de metas y objetivos con la provisión de bienes y servicios públicos concurrentes entre dos o más niveles de gobierno, difícilmente existe una concordancia presupuestal que siga los mismos criterios y lineamientos establecidos en el orden federal.

Sabemos de antemano que los estados de la Federación son heterogéneos con importantes contrastes, pero durante los últimos años los procesos de descentralización les han otorgado una mayor autonomía presupuestal e importantes responsabilidades para lograr sus objetivos locales. Sin embargo, estas nuevas relaciones intergubernamentales no se han traducido en una articulación entre los objetivos nacionales, regionales, globales y sectoriales.

Ante tal situación, es necesario que exista una corresponsabilidad de los gobiernos subnacionales, a la hora de elaborar sus leyes de ingresos y presupuestales. Atiendo a sus particularidades locales, cada uno de estos gobiernos, tienen como fin último el bienestar de su población -que es el mismo objetivo a nivel federal-, por lo cual se vuelve fundamental dar continuidad a las políticas macroeconómicas para  lograr el efecto redistributivo y el crecimiento económico sostenido nacional.

En este sentido, en el marco de sus procesos de presupuestación es indispensable seguir los mismos lineamentos en materia presupuestal, eficientando su gasto público y reduciendo su gasto corriente.

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

Mera sugerencia

La política necesita prudencia, necesita congruencia e inteligencia. Necesita menos resentimiento y más entendimiento. Necesita consistencia, resistencia para asumir riesgos, necesita la confianza que se gana con base en buenos resultados, pero que se mantiene a través de la humildad. En estos días, nuestro país debe recordar que antes del triunfo o la derrota electoral debe de estar la vocación política para acordar a favor de la ciudadanía.

Acordar no significa resignarse a las ideas contrarias, significa valorar ideas diferentes anteponiendo el interés colectivo. Acordar para recordar que el chantaje político está prohibido en un país que se acostumbra a convivir con el dolor y la pobreza. Acordar como método de solución y no como ejercicio de amenaza o de restricción, porque la democracia no sólo se recae en el voto, sino en el derecho a la libertad.

La política necesita prudencia para renovar la legalidad y reforzar la legitimidad, la cual transmite apoyo social mayoritario, refleja estabilidad y vigencia en los derechos cívicos y políticos. Prudencia que simbolice congruencia, prudencia que concientice a la autoridad sobre su obligación representativa y sea capaz de demostrar personalidad democrática. La prudencia política limita la improvisación, acota la simulación y sobre todo hace que se reconozca a la realidad como única referencia para elaborar un diagnóstico justo y razonable.

Confiar en la prudencia política es ampliar los alcances de la democracia para situarla como base de una cultura del pluralismo y la aceptación del otro. Tal y como lo decía Octavio Paz: “a la democracia no hay que echarle alas, hay que echarle raíces”. Por eso, la prudencia hace que seamos capaces de diferenciar para aceptar que nuestra democracia debe consolidarse antes que presumirse como la panacea a nuestros problemas.

La prudencia hace que seamos conscientes de reconocer que si planteamos objetivos por encima de lo posible careceremos de la capacidad para cumplir con esas promesas o sostenerlas en el tiempo, lo que producirá una crisis de legitimidad y credibilidad. Abusar de la palabra democracia es desgastarla, que sea escuchada por millones, pero sentida por pocos. Abusar es desincentivar, es asumir actitudes imprudentes como explicación de los retrocesos e incumplimientos de la política. La ausencia de la prudencia política hace que la transición conviva con la amenaza de la regresión, hace que se prefiera la anormalidad como costumbre, la excepción como regla, la suposición como verdad y la indefinición como distinción política.

La imprudencia sesga la voluntad y la capacidad para darnos cuenta que la debilidad de lo público restringe el ámbito del debate, hace que determinados temas se marginen de la agenda nacional y que la vocación política tenga poca capacidad para transformarse en acción, razones por las cuales se visualiza un Estado aparentemente estable, pero profundamente débil en sus raíces como democracia. La imprudencia política altera los consensos, revienta los acuerdos a la primera oportunidad, deja que la provocación sustituya al argumento, hace que valga más la estridencia que la propia inteligencia. La imprudencia política hace que el reclamo ciudadano no genere eco en las decisiones, hace que subestime el sentir ciudadano. La imprudencia política lastima el orden institucional, hace que la política grite cuando hay que guardar silencio, hace que la política ría cuando hay que ofrecer disculpas. La imprudencia política asume sus derechos como privilegios y esconde las obligaciones con carácter de opcionales.

La prudencia es moderación y sensatez para evitar inconvenientes, dificultades o daños. Es una cualidad que enseña a discernir, que enseña a construir una legitimidad de origen. La prudencia es ejemplo de educación, de formación e inclusión. La falta de prudencia hace que la actitud política sea soberbia, para que al final sea la  incongruencia política la que haga lo que no conviene, y diga lo que no es verdad.

La salud en números

México es, desde hace décadas, un país con severos problemas económicos. Esto es cierto para la nación en su conjunto y para las familias. La salud es uno de los factores de alto impacto en ambas esferas. Aunque resulte paradójico, estos costos podrían ser menores si nos aplicáramos todos —Estado, sociedad e individuos—en lo que se denomina cuidados preventivos.

Suena a lugar común y a disco rayado, pero cuando uno revisa las cuentas, y sobre todo, al observar qué pasa en el interior de los hogares cuando un integrante de la familia necesita ser ingresado en un hospital, la historia se convierte en algo terrible.

Para 2014, de acuerdo con datos publicados en el Diario Oficial de la Federación, en una estimación del Instituto Mexicano del Seguro Social con los Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica para 2014 para ser utilizados en la determinación de créditos fiscales derivados de capitales constitutivos, inscripciones improcedentes y atención a no derechohabientes, una consulta en el llamado primer nivel de atención —clínicas de Medicina Familiar—costaba 559.00 pesos. La misma consulta en el Tercer Nivel de Atención —Hospital de Especialidades— sube a 1,061.00 pesos.

Los focos rojos se encienden cuando el paciente requiere hospitalización. El Día-Paciente en hospitalización en un Hospital de Especialidades es de 6, 377.00 pesos. Si es en Terapia Intensiva, la cosa se pone mucho peor: 31,525.00 el Día Paciente. No están incluidos medicamentos, estudios de laboratorio, imagen, y mucho menos procedimientos más complicados.

Si alguna familia tuviera que pagar estos costos, sería catastrófico en el muy corto plazo, e impagable en el caso de padecimientos crónico-degenerativos. Estos son sólo números. Las familias sin ningún tipo de cobertura de seguridad social o de gastos médicos contratados con aseguradoras simplemente ven languidecer hasta la muerte a sus familiares.

Insisto, son sólo números. Pensemos en cómo impacta en la vida productiva de este paciente llegar a estas instancias.

Buen avance

En México y el mundo entero, la segunda semana de diciembre de cada año se dedica a la promoción, defensa, respeto y protección de los derechos humanos. Anualmente el 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, pues fue en esa fecha pero de 1948 que las Naciones Unidas adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo contenido consagra el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales e inherentes a las personas, independientemente de la nacionalidad, sexo, raza, credo, lengua, opinión política o cualquier otro rasgo que los distinga.

De la llamada “Carta Magna internacional para toda la humanidad”, se desprende el compromiso de los Estados miembro de las Naciones Unidas de promover y proteger todos los derechos humanos, en su carácter de universales, intransferibles e irrenunciables. Por esa razón, el próximo jueves el presidente Enrique Peña Nieto entregará el Premio Nacional de Derechos Humanos a la activista Consuelo Gloria Morales Elizondo, fundadora y presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), cuyas labores se han enfocado a la promoción efectiva y defensa de los derechos humanos, especialmente de las personas desaparecidas.

Esto demuestra que aunque hay quienes cuestionan el compromiso de México con los derechos humanos, lo cierto es que nuestro país juega un papel muy activo en el fomento de una cultura en pro de la defensa de estos derechos y libertades fundamentales tanto a nivel nacional como internacional. Es cierto que hasta hace poco la estrategia que se seguía en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada arrojaba un saldo desfavorable en la materia; sin embargo, paulatinamente se han logrado avanzar por hacer de los derechos humanos una auténtica política de Estado.

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