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Como duelo de titanes

Opinión-colorPara la mayoría de los ciudadanos mexicanos, los asuntos públicos suelen presentarse bajo la forma de iniciativas, debates y acuerdos entre organizaciones públicas y privadas poderosas, complejas y distantes. Se trata –parafraseando el título de aquella película épica- de duelos entre Titanes. Así parece ser el caso, cuando los medios de comunicación reportan, por ejemplo, que la nueva Ley de Aguas va a ser revisada minuciosamente para detectar supuestos riesgos; o cuando se descubre que algunos funcionarios públicos tienen percepciones económicas más elevadas que las del Presidente de la República, o cuando se anuncia que la inversión privada en el sector energético es segura.

Desde la perspectiva del ciudadano común, tales noticias llegan a ser interesantes y hasta dignas de ser comentadas y analizadas con amigos, familiares y colegas. Sin embargo, la contundencia de lo que las notas periodísticas reportan se disuelve, cuando por mera ocurrencia alguien hace la pregunta: Pero eso, ¿en qué me beneficia a mí o a mis hijos? La verdad sea dicha, el sentido mismo de la expresión Asuntos Públicos se refiere a la atención de las necesidades colectivas de los ciudadanos. Las instituciones públicas y privadas no son, en principio, sino artefactos creados para servir y atender estas necesidades. La propia Constitución Mexicana se refiere a esta idea, cuando reconoce la forma de gobierno republicana y federal, y cuando consagra la soberanía popular como principio de organización política.

Para entender la compleja trama de procesos y arreglos, que ha llevado a que las instituciones públicas y privadas hayan adoptado estrategias de discusión mediática (los duelos titánicos), antes que otras simplemente encaminadas a satisfacer las necesidades sociales, es necesario revisar, aunque sea someramente, la forma en que se alcanzan y ejercen los liderazgos públicos y sociales. No se trata simplemente de explicar la lógica de la camarilla o del grupo político, pues ello obscurecería más aún el de por sí difícil panorama de los asuntos públicos.

Hablar de los liderazgos públicos y privados en México, como en cualquier otro país, es referirse necesariamente a los puntos específicos en los que el poder económico y el poder político se concentran. Aun cuando esa concentración se explique por el crecimiento demográfico de las sociedades, ello no justifica el costo del mobiliario o los elevados salarios en las oficinas centrales de organizaciones tan disímbolas y diversas como el Instituto Mexicano del Seguro Social, Petróleos Mexicanos, o las grandes empresas transnacionales.

No hay una razón lógica y clara que describa cómo se relacionan la protección a la salud de los mexicanos o la administración del patrimonio petrolero nacional con gastos de representación onerosos; o la asignación de bonos y estímulos económicos no asociados a la estructura de sueldos y salarios.

Esta situación contrasta gravemente con las condiciones y términos en que se alcanzan los liderazgos. Es un lugar común encontrar referencias que explican que quienes alcanzan una posición como secretario de Estado, como líder social o como dirigente empresarial, han surcado trayectorias llenas de jornadas de trabajo de sangre, sudor y lágrimas.

Pero al alcanzar las posiciones de liderazgo todo se transforma. Hay pues una suerte de acertijo o dilema en la lógica de las instituciones y sus liderazgos: todo voto a favor de la lealtad a las instituciones y de compromiso con causas sociales, se convierte en un derecho a la opulencia, al ejercicio autoritario del poder y a la búsqueda de intereses particulares. En tanto que la respuesta a la pregunta sigue siendo omisa: no sabemos cómo todo eso beneficia a los ciudadanos o a sus hijos.

Erick Zúñiga

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