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Como dictadura populista

 

Opinión-colorErick Zúñiga

Hoy se cumple un año de los trágicos acontecimientos en los que desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Convengamos en que una cosa han sido los hechos; otra cosa, han sido las interpretaciones y, en consecuencia, sus derivaciones políticas.

Hay más de 110 personas detenidas, entre ellas Sidronio Casarrubias, líder del Cártel de los Guerreros Unidos y también, recientemente, Gilberto Castrejón Morales, alias El Comandante Gil, quien dio directamente la orden de incinerar los cuerpos de los normalistas en el basurero de Cocula. Se hanrealizado 487 dictámenes periciales en los que participaron no sólo expertos de la PGR, sino también investigadores de los institutos de Biología y Geología de la UNAM y del Instituto Mexicano del Petróleo. A esto hay que añadir 386 declaraciones y 153 inspecciones ministeriales.

“Esos expertos—escribe Héctor de Mauleón—señalaron que en el basurero había rocas con impacto térmico, y que el suelo tenía cambios de tonalidades causados ‘por combustión de combustibles con alta energía calórica’. Señalaron que en el agujero de Cocula había piedras fracturadas por la calcinación, y flora que había crecido luego del 26 de septiembre, e incluso restos dentales que habían sido sometidos a temperaturas de mil 600 grados centígrados”. (“¿De veras se cayó la verdad histórica?”, El Universal, 10/09/2015).

No obstante, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de seis meses de indagatorias, presentó, el 6 de septiembre, un informe en el que se resalta que los cuerpos de los estudiantes normalistas no pudieron haber sido quemados en el basurero de Cocula. A esta conclusión llegaron los expertos del GIEI con base en los cálculos del Dr. José Torero, quien solo estuvo en ese sitio 20 minutos.

Pues bien, pese a las inconsistencias y parcialidad, ese documento ha servido para que, otra vez, el movimiento político que ha tomado como bandera a los 43 normalistas, vuelva a la carga. Es preciso resaltar, al respecto, que detrás de estos lamentables asesinatos, a lo largo de los doce meses transcurridos, se ha levantado un montaje mediático muy bien pensado e instrumentado. Ese montaje tiene una logística y financiamiento, dentro y fuera del país, que no cualquier organización o persona pueden ofrecer. Lo primero que se intentó y logró fue disociar la realidad de la fantasía. Hacer creer que se trató de un “crimen de Estado”, es decir, que ladesaparición de los normalistas fue ordenada desde las altas esferas del poder con la complicidad del ejército. Por eso, el blanco de ataques fue y sigue siendo Enrique Peña Nieto. ¿Qué se logró con esto? Desviar la atención sobre lo que verdaderamente produjo ladesaparición y muerte de los normalistas, es decir, el enfrentamiento entre cárteles rivales por el control de la zona en la cual ocurrieron los hechos. Y, al mismo tiempo, darle fuerza a un proyecto insurreccional.

Es sintomático que en las manifestaciones del año pasado no hubiera una sola pancarta en contra de los cárteles de la droga involucrados, ni siquiera contra Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, o contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Además, dicho sea de paso, es más fácil enfrentar violentamente a los agentes de seguridad que encarar a los narcotraficantes.

Pero a los “revolucionarios” se les está cayendo el teatrito: cada vez es más claro que el caso de los normalistas asesinados está indisolublemente ligado a la producción y tráfico de estupefacientes. Quieren seguir con el cuento de que es un crimen de Estado y mantener en pie el proyecto insurreccional con el propósito de instaurar en nuestro país una dictadura populista.

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