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Atendiendo indicadores

 

Opinión-colorÁguila o Sol

De: Prof. Monjardín

A principios de mes el Ejecutivo mandó al Congreso una iniciativa de ley para impulsar la productividad y la competitividad en México, que son dos temas clave para conseguir que México realmente crezca y aproveche todo el proceso reformador de los últimos dos años.Pero empecemos por entender estos dos conceptos, ¿qué son la productividad y la competitividad de las que tanto escuchamos hablar?

La productividad como concepto genérico es una medida de eficiencia. Una persona es más productiva que otra, si genera más trabajo en menos tiempo. Una empresa es más productiva que otra, si genera más productos con menos recursos invertidos. Si seguimos aumentando de escala, también un país es más productivo que otro si es capaz de hacer más con los recursos con los que cuenta: sus personas, su capital, su tierra, sus recursos naturales (en economía lo llaman “factores de producción”).

La forma que tenemos para medir cuánto produce un país es el Producto Interno Bruto (PIB), que reúne en un solo valor cuantitativo en pesos toda la actividad económica del país. El PIB de México ha crecido a una tasa anual promedio de solo el 1.8% entre 1960 y 2011, que es muy lento comparado por ejemplo con China cuya tasa anual promedio de crecimiento ha sido del 10% entre 1979 y 2010.

El año pasado que el gobierno lanzó el “Programa para Democratizar la Productividad”, se hizo un diagnóstico de por qué México ha crecido a un ritmo tan lento y que ha continuado en los últimos años a pesar de la estabilidad económica que hemos tenido después de las crisis de los ochentas y noventas. El resultado de este diagnóstico fue que la productividad es la principal culpable del bajo crecimiento.El INEGI mide la productividad en el  país y las gráficas son aterradoras, porque México no ha dejado de caer en productividad desde 1980. Solamente entre 1990 y 2011 redujo en un 8.2%.

En el diagnóstico se mencionan varias razones para la baja productividad, pero resaltan dos. Primero, las personas: porque 6 de cada 10 trabajadores son informales (cuando las empresas formales son dos veces más productivas por su eficiencia), y no hay los incentivos para que esta situación cambie; porque las transiciones de personas entre empresas no son eficientes; y porque las habilidades y vocaciones de las personas no están alineadas con lo que se necesita en las empresas. Segundo, la disponibilidad de capital: porque el emprendimiento formal y la innovación que son esenciales para mejorar la productividad requieren periodos de gestación que necesitan de financiamiento, y el crédito otorgado por el sector financiero al sector privado es de apenas 27.7% del PIB comparado con el promedio de América Latina (48%), Chile (73.2%) y Brasil (68.4%); además de la falta de otras alternativas como el capital semilla o el capital riesgo.

Definamos ahora competitividad. En términos sencillos, ser más competitivo no es otra cosa que ser capaz de tener mejores resultados que otro en el mismo ámbito. El término de competitividad aplicado a un país se ha puesto de moda en los últimos años gracias a iniciativas como el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, que define la competitividad como: el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. De manera que productividad y competitividad son conceptos que nos llevan a lo mismo: la capacidad de crecer y hacerlo más rápido que los demás.

Cierro con una reflexión: las leyes no entienden de procesos ni de eficiencia, porque son rígidas. Para poder abordar temas como la creación de habilidades o la informalidad, debemos encontrar mecanismos flexibles que nos permitan aprender y adaptarnos a lo que nos vamos encontrando en la práctica, en vez de obsesionarnos por el cumplimiento de un indicador.

Única salida a la violencia

El grave momento actual de este México en ebullición exige que todos los mexicanos, de todos los segmentos sociales, hagamos renuncia expresa a la violencia, aun cuando estemos exigiendo el respeto a nuestros derechos; la violencia no debe ser nunca arma de negociación, porque todos salimos perdiendo con ello, aun los que creen que es la única forma de hacerse oír. Al contrario, todos debemos buscar denodadamente la reconstrucción de las instituciones del Estado mexicano porque es en ellas donde tenemos la mejor garantía de que el estado de derecho ha de prevalecer en esta tierra, en el mejor provecho de todos sus habitantes.

Sí, los crímenes de Iguala son de lesa humanidad, una inexplicable brutalidad, en la cadena de barbaridades que se ha desatado de un tiempo para acá en nuestro México, y que es preciso desterrar ya con un gran esfuerzo de todos. Pero no debemos combatir la barbarie con más violencia; tenemos que atenernos a nuestro sistema institucional y al respeto al estado de derecho para restaurar la seguridad y el control del crimen y el clima de convivencia pacífica en la sociedad mexicana.

En el caso de Iguala, eso significa encontrar a los jóvenes desa­parecidos, y a los culpables darles el ejemplar castigo que sus infames hechos merecen. Pero, al mismo tiempo, resultan inaceptables las imágenes de los muchachos normalistas de Ayotzinapa secuestrando autobuses y quemando el Palacio de Gobierno de Chilpancingo en su exigencia de que sean presentados vivos sus 43 compañeros desaparecidos, pues sus acciones de protesta vulneran propiedades y derechos de otros mexicanos y enrarecen aún más el clima de seguridad y de convivencia entre todos los habitantes de este país. Ese Palacio de Gobierno es propiedad pública, pagada con recursos públicos, cuya reparación será a cargo de fondos públicos, que estarían mucho mejor destinados a solventar necesidades básicas de muchísima gente, en el propio estado de Guerrero.

El camino es largo

Las protestas por todo lo que consideramos inequidades o ilegalidades han de ser pacíficas, y sin afectar derechos o propiedades de terceros; así sea muy justa la queja. No se valen los bloqueos por manifestantes de calles o de accesos a tiendas o negocios, ni las pintas o destrucciones de fachadas, de ventanales.

Por supuesto, igual de apremiante es, al renunciar a los métodos violentos, involucrarnos todos con la mayor energía en la reconstrucción del entramado institucional de la nación, para dejarlo bien fundamentado en los mejores valores y derechos humanos, tan lastimados en tiempos recientes. Sanear la vida pública, tener gobiernos responsables, con una puntual rendición de cuentas para así dejar fuera en definitiva tanto la corrupción abierta o disfrazada como la impunidad ante faltas o delitos cometidos o la ineficacia y mediocridad de desempeño.

Que los gobernantes reconozcan de una vez, en estos momentos de crisis política, económica y social, la gran tarea que tienen enfrente para reimpulsar la economía y la suficiente creación de empleos dignos para la gente, pues no es ninguna garantía de seguridad el grandísimo número de mexicanos desempleados o en las más viles ocupaciones, ni la persistente debilidad del mercado interno.

Que sean impulsadas las actividades productivas, la producción en el campo, las pequeñas y medianas empresas, que generen empleos para los mexicanos mediante los encadenamientos con la economía interior.

Que, ahora que los precios del petróleo se hunden en el mercado internacional, el gobierno mexicano no siga dependiendo tanto de esa materia prima, ni siga poniendo tanta confianza en las inversiones que supuestamente traería la reforma energética. Que el gobierno federal y los de estados y municipios se obliguen ya a evitar el desperdicio de ingentes recursos presupuestales en propaganda oficial o en muchos de sus gastos ridículos.

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