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Asuntos insólitos

 

Opinión-colorEn los primeros párrafos de su alocución con motivo del Informe Presidencial, Enrique Peña Nieto señaló que por situaciones de violencia, de debilidad del estado de derecho, así como por conflictos de intereses, se ha lastimado la confianza ciudadana en las instituciones. Está en lo correcto.Si nos vamos a la etimología, la falta de confianza significa que no hay fe en que las acciones que se realicen vayan a tener éxito. Y ello se traduce, en la medida en que se enumeran las acciones realizadas o por realizar, en un problema de credibilidad: la capacidad de ser creído.

La credibilidad no es un concepto objetivo, sino subjetivo. Una persona o institución puede estar diciendo la verdad, pero si no goza de confianza, entonces muy pocos le creerán (y viceversa, alguien con credibilidad puede estar diciendo una mentira palmaria, y habrá muchos que le crean).De ahí que una tarea fundamental en la vida sea la construcción de un prestigio que dote de credibilidad. Esto vale para una empresa, un empresario, un partido, un gobierno, un político, un medio de comunicación, un periodista. Vale para todas las personas.

En esas circunstancias, la caída en la confianza ciudadana también se ha convertido en un desplome de la credibilidad social del gobierno mexicano. Es un problema grave, porque esta credibilidad es un ingrediente imprescindible para la cohesión social y para la convivencia civilizada.Ahora bien, la credibilidad, así como la confianza en un gobierno, si bien nunca suelen ser generalizadas, varían con el accionar de éste y con el contraste que hace la gente entre lo que se dice o se propone, y lo que la propia población percibe. Se gana y se pierde.

Los resultados (necesariamente preliminares) de la investigación del grupo de expertos de la CIDH respecto al caso Ayotzinapa abonan en contra de la credibilidad del gobierno. La versión de los expertos tiene algunos elementos en común con la que presentó la PGR en su momento, pero tiene otros –notablemente, la presunción de que no hubo un solo estudiante incinerado en el basurero de Cocula– en los que difiere claramente.

Lo malo para el gobierno es que el punto más trascendente del escabroso relato, en la famosa conferencia de prensa del entonces procurador Murillo Karam, fue la incineración masiva de los jóvenes. Fue el elemento de horror que se instaló en la conciencia colectiva. Fue el punto clave de la “verdad histórica”, hoy cuestionada.

Esta diferencia oscurece, en una sociedad que ha perdido la credibilidad en el gobierno, las coincidencias fundamentales: el papel del crimen organizado en la ejecución de los jóvenes, la colusión de las policías municipales con los narcotraficantes y que tanto policías como delincuentes estuvieran bajo el mando del presidente municipal de Iguala y su pareja.

En otras palabras, los expertos extranjeros y Murillo Karam coinciden en lo esencial: el autor de la matanza fue el crimen organizado.

La investigación de la PGR de Murillo Karam trabajó bajo una hipótesis: que los estudiantes fueron confundidos con miembros de la banda rival, “Los Rojos”. La de la CIDH lo hace con una hipótesis diferente: que hubo un quinto camión secuestrado por los normalistas, probablemente cargado con droga, y que toda la operación asesina de aquella noche fue para impedir que el vehículo saliera de Iguala.

El caso es que tenemos dos hipótesis, que no necesariamente son contradictorias, ninguna de las cuales ha podido comprobarse a plenitud. La diferencia está en quiénes las presentan, y en el distinto grado de credibilidad social (aunque claro, los del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes no tuvieron la osadía de llamar “verdad histórica” a su versión).

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