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Asesinando al país

 

Opinión-colorÁguila o Sol

De: Prof. Monjardín

Es cierto, las noticias de violencia e inseguridad nos ayudan muy poco a construir un clima de armonía entre la sociedad. Pero las noticias se limitan a informar sobre los hechos. Hoy, la delincuencia ha rebasado sus propios límites ampliando sus campos de acción. Asaltos, robos y muertes violentas e irracionales son parte de esto que nos ha puesto alertas, sensibles e intolerantes. Desconfiamos de casi todos, nos encerramos en casa y vigilamos nuestro entorno. Nos hemos puesto irascibles y se escucha por ahí el malestar por la presencia de indocumentados en los cruceros. Sienten que los van a atacar, a robar. La inseguridad provoca esa sensación.

La baja eficacia en la detención y enjuiciamiento de los criminales es desalentadora. Esta impunidad, provoca que muchos culpen al sistema de derechos humanos obligado a proteger los derechos humanos de todos, incluyendo los de los delincuentes. Es ahí, en esta clase de momentos de desesperación, que muchos se preguntan dónde están entonces los derechos humanos de las víctimas.

Son también estos los tiempos cuando se revive la discusión de aplicar la pena de muerte como una solución para reducir la violencia y los crímenes. En México, aunque no se practicaba en forma oficial, se abolió en el 2005 para cumplir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Nos sumamos así a los casi 100 países que la abolieron en sus constituciones. A pesar de ello, las cifras de quienes están de acuerdo con su aplicación son preocupantes. Un estudio del año 2012 elaborado por la casa encuestadora DEFOE, reveló que 56 por ciento de los mexicanos estaba de acuerdo con su aplicación y legalización. Inquietante fue conocer que a mayores ingresos y grados de educación, mayor también es su aceptación. Que las personas que tienden a creer en la pena de muerte son adultos jóvenes de entre 26 a 35 años y personas con estudios de nivel medio. En cambio, son mujeres y personas de la tercera edad quienes están en desacuerdo con que se legalice.

Al respecto y para aplicar la pena de muerte, la imaginación del ser humano es vasta. En especial cuando se trata de aplicarla en algo que cause dolor. A lo largo de la historia, los humanos hemos ahorcado, envenenado, electrocutado, lapidado, fusilado, desmembrado, ahogado, crucificado y muchas formas de muerte mas, siempre en nombre de la justicia, que más bien parecería venganza. Al final, el crimen no hizo más que crecer.

Muchos justifican esta salvajada diciendo que l a propia Biblia, menciona en el libro de Éxodo que de ser necesario habría que aplicar el famoso “Ojo por ojo, diente por diente”. Esto, ha dado argumentos jurídicos a algunas naciones para instaurarla como un crimen legal. Fue en este tipo de discusión que le preguntaron al escritor francés Alphonse Karr, se definiera sobre el tema y dijo: “Estoy de acuerdo en que las sociedades decreten abolir la pena de muerte; pero que empiecen por abolirla los asesinos”.

En lo personal estoy convencido que la pena de muerte nos envilece como sociedad y que en términos prácticos no ha servido jamás de nada. Castigar un crimen con otro crimen a lo que se intentan llamar justicia, no reduce la violencia y los crímenes. El propio Víctor Hugo, el más grande de los escritores franceses afirmaba que la pena de muerte es signo peculiar de la barbarie. Además, en sociedades como la nuestra, con un sistema de justicia deficiente, se corre el riesgo de que se ejecute a inocentes, una tragedia aún peor que el crimen inicial pues para hacerlo, se utiliza la justicia, que nos pertenece a todos. Al final, todos estaríamos asesinándolo.

Por los derechos humanos

La vida es un juego complejo cuyo desafío más grande e importante es aprovechar cada oportunidad para llegar más lejos en la búsqueda del bienestar común. Atesorar y redituar cada ocasión de crecimiento, sin importar lo pequeña o trascendente que pueda resultar, es el método más certero para construir un futuro donde la grandeza y felicidad no sean simples promesas etéreas, sino objetivos reales y asequibles.

Por ello, me manifiesto convencida de que una oportunidad importante para generar un beneficio mayúsculo a toda la nación, se nos vuelve a presentar a los gestores directos de las transformaciones sociales más imperantes.

Actualmente, el Senado de la República tiene entre sus manos un nuevo compromiso con la defensa de las garantías de todos los habitantes que representan el verdadero corazón de México. Próximamente, se llevará a cabo la designación del nuevo ombudsman nacional, cuya responsabilidad estriba en vigilar el cabal cumplimiento de los procesos del Estado en torno a la preservación de los derechos fundamentales del ser humano.

Tener un deber de semejante relevancia coloca al Senado en una posición tan privilegiada como demandante. Por nuestra competencia pasa el nombramiento de un líder cuyas aptitudes deben ser loables y efectivas. En este presente tormentoso, México necesita un dirigente en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que pueda encarar la situación de violencia y abusos que vive gran parte de nuestro territorio; asimismo, denunciar enérgicamente cada fallo y ejercer la presión suficiente para hacer valer las garantías de todos: el fundamento de toda ley imaginable.

El nuevo ombudsman de México debe ser un ciudadano ejemplar, con el liderazgo y capacidad suficientes para ayudar a la sanación de nuestras grandes heridas como país. México demanda líderes activos, preparados, comprometidos y sobresalientes. El proceso de candidaturas para elegir un nuevo ombudsman, ha sido notable y justo; ahora, la gran decisión debe resultar idónea para coronar un proceso que urge un desenlace absolutamente positivo.

Metas de la CNDH

Dotar de autonomía y de nuevas facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como se hizo a través de la reforma constitucional del 2011, no se ha traducido en una disminución de las violaciones a los derechos humanos.

El problema está en el diseño del marco jurídico, que aún es limitado, y en la actuación de quien está al frente de la CNDH, quien no ha sabido sacarle provecho a lo logrado en el 2011.Esa reforma trasladó a la CNDH la facultad que hasta entonces tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación de investigar violaciones graves a los derechos humanos.La CNDH ha ejercido en pocas ocasiones esa nueva facultad de investigación, pero con resultados prácticamente nulos, pues no ha vigilado el que se finquen responsabilidades a los responsables.

El tema de la facultad de investigación de la CNDH forma parte del programa de trabajo de Carlos Pérez Vázquez, uno de los principales aspirantes a suceder en la presidencia del organismo a Raúl Plascencia Villanueva.

Pérez Vázquez participó en varias de las 10 investigaciones por violaciones graves a los derechos humanos que realizó la SCJN entre 1996 y el 2011.

En su programa de trabajo entregado al Senado, Pérez Vázquez señala que la facultad de investigación es “un valioso mecanismo institucional de restauración  de la confianza social”.

Se compromete a realizar un “ejercicio responsable de la facultad de investigación”  y a encaminar las indagatorias a “delimitar los hechos, determinar las violaciones, identificar a las víctimas, señalar a los responsables y proponer una política de reparaciones de daños, que abone a la verdad y a la justicia”.

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