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Aplicar la ley

Opinión-colorErick Zúñiga 

Sólo era cuestión de tiempo. Todos sabíamos que el Estado mexicano tenía que responder a los múltiples actos delictivos cometidos por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desde que se anunció y luego aprobó la reforma educativa.

El anuncio, dado a conocer el pasado martes 21 de julio, por el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué—acompañado por el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, y la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles—respecto de la transformación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) en un organismo descentralizado con autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, es una respuesta categórica del Estado mexicano que pega en el núcleo del poder de la CNTE: se le quita el control de la educación del estado de Oaxaca. Los dirigentes magisteriales tenían la facultad de nombrar a la junta directiva de ese instituto, los mandos educativos y los supervisores escolares. Además, podían nombrar a maestros en funciones para que desempeñaran tareas administrativas. El cambio significa que la CNTE dejará de tener el dominio sobre cerca de 4 mil plazas administrativas.

El cambio significa que la CNTE dejará de tener el dominio sobre cerca de 4 mil plazas administrativas. De igual manera, la CNTE disponía de los recursos presupuestales dedicados al ramo educativo, cosa que ya tampoco tendrá. La Coordinadora con esos recursos condicionaba el apoyo de los maestros de tal manera que quien no asistía a las movilizaciones, mítines y asambleas no gozaba de los estímulos y prebendas que daba esta organización.

Mediante el decreto publicado en el Diario Oficial local ese mismo martes 21 de julio, el gobierno del estado recupera la rectoría de la educación pública en Oaxaca. El cambio anunciado contempla la realización de evaluaciones a los maestros para garantizar la calidad de la educación según lo establece la reforma educativa aprobada a nivel nacional y, con ello, adecuar la enseñanza local a los criterios establecidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Eso era lo que la CNTE no quería.

Lo importante de la medida anunciada por el gobernador Cué es que ha contado con el respaldo de importantes sectores sociales y políticos, comenzando por miembros de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados como Manlio Fabio Beltrones (PRI), Miguel Alonso Raya (PRD) y Marcelo Torres Cofiño (PAN); siguiendo por dirigentes de partidos políticos, líderes empresariales y organizaciones de padres de familia.

El problema comenzó hace 23 años, es decir, en mayo de 1992, cuando el entonces gobernador Heladio Ramírez, cedió, indebidamente, al sindicato de maestros en Oaxaca el control de la educación. El resultado fue desastroso: se sacrificó la formación académica de la infancia y se privilegió el fortalecimiento de una agrupación radical.

Su lucha se apartó de los cánones establecidos por la libertad de expresión, de manifestación y de reunión. Ha ido mucho más allá de lo que la ley permite al situarse en el ámbito delictivo. Cualquier vía de diálogo, negociación y arreglo ha sido sistemáticamente cancelada por la intolerancia y la cerrazón.

En vista del rumbo que han tomado los acontecimientos y de la naturaleza belicosa de la CNTE, es previsible que la reacción de la Coordinadora sea, como ha sido permanentemente, la pura y simple violencia. En el cálculo de escenarios, por parte tanto del gobierno federal como local, debe estar esta posibilidad. Se habla de que hay 35 órdenes de aprehensión listas para ser ejecutadas en contra de líderes de la CNTE no sólo de Oaxaca sino de Guerrero, Michoacán y Chiapas. Las acusaciones serían por delitos como: daños al patrimonio estatal, privación ilegal de la libertad, obstrucción de vías federales y daños en propiedad privada.¿Qué hacer? Simple y sencillamente, lo que se ha dejado de hacer por tanto tiempo: aplicar la ley.

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