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Algo que aprender

 

Opinión-colorErick Zúñiga

Para seguir acumulando penas nacionales, su majestad británica a través de la Low Pay Comission del Reino Unido hizo público la semana pasada un informe amplio, riguroso y de largo plazo sobre el papel y el aumento del salario mínimo –desde 1999- que han provocado en la economía de Inglaterra. Y la evidencia inglesa es rotunda: el salario mínimo no solo es un instrumento de justicia, sino un buen instrumento de política económica que contribuye sólidamente, y sin ambigüedades, al crecimiento económico.

Miren ustedes lo que una comisión seria y no capturada afirma para una de las economías más liberales del planeta (Mariano Sánchez): “La tasa del salario mínimo nacional para adultos se ha incrementado en 86% (nominal) desde su introducción en 3.6 libras la hora en abril de 1999 -por encima del incremento en los salarios medios y los precios durante el mismo período… también se ha incrementado en valor relativo. En octubre 2015 su valor relativo a la mediana estaba nuevamente en su valor más alto desde su introducción: 54.5% para empleados de 21 años y más…La cobertura del salario mínimo nacional también estaba en niveles récord”.

“A pesar del incremento en el valor del salario mínimo nacional respecto al salario mediano, el empleo total ha seguido creciendo en la economía en su conjunto y en los sectores de salarios más bajos.

Después de niveles récord de crecimiento del empleo en 2014, el mercado laboral bajó su ritmo un poco en 2015 pero aun así vio un crecimiento de 1.7% en el número de empleados y empleos en el año previo a septiembre 2015. El número de horas solo creció en 0.7% pero datos de redundancia y vacancia continúan sugiriendo que el mercado laboral sigue absorbiendo una oferta laboral creciente”.

“Las investigaciones sugieren que, en el largo plazo, el salario mínimo ha incrementado los ingresos laborales con escaso efecto adverso en el empleo. A este momento, hemos ya comisionado más de 140 proyectos de investigación que sugieren que las empresas han absorbido incrementos en los costos laborales: ajustando las estructuras de pago; reduciendo los costos no-salariales; haciendo pequeñas reducciones en las horas; incrementando la productividad; incrementando algunos precios (particularmente en servicios de consumo más que en servicios de empresa a empresa); y algo de reducción de ganancias aunque sin un incremento en la quiebra de empresas”.

“Con la introducción del salario mínimo nacional, se ha renovado el interés en cómo se adaptan las empresas. En investigaciones comisionadas para este reporte, los investigadores nuevamente encontraron una asociación positiva entre el salario mínimo nacional y la productividad, pero el canal preciso sigue siendo un enigma”.

Como se puede ver, los datos –no la ideología- siguen demostrando que el salario mínimo es un instrumento que debe ser plenamente rehabilitado en el marco general de la política económica.

Normaliza el mercado laboral, es un incentivo de las empresas para que aumenten la productividad real vía su propia modernización (y no vía la pobreza extrema de sus empleados); es un potente instrumento contra la desigualdad, y en general, corrige muchas deformaciones que el mercado espontáneamente genera.

México es la única nación con una economía grande que se resiste a corregir esta deformación instalada entre nosotros hace 35 años. Esperemos que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y el Banco de México tomen nota de las lecciones inglesas.

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

Ciudadanos y habitantes

La democracia, anhelo de la modernidad, sólo puede existir con el ejercicio pleno de la ciudadanía. La Constitución señala los requisitos formales para ser ciudadanos, pero además de llenar esos requisitos, para ser ciudadano pleno se requiere ejercer derechos y cumplir obligaciones.

Hasta hace muy poco la mayoría de los mexicanos no hacían ni lo uno ni lo otro, no votaban, no pedían cuentas al gobierno, no exigían servicios públicos, es decir, no cumplían con el requisito ciudadano de ejercer sus derechos. Tampoco han cumplido con la segunda condición de ciudadanía que es asumir sus obligaciones, como la de pagar impuestos.

Actualmente ya hay mexicanos, todavía muy pocos, que se organizan cada vez con más eficacia para exigir sus demandas, aunque no siempre sean sus derechos, presionan para conseguirlas con plantones y estrangulamiento del tránsito. Poco a poco las facultades ciudadanas se van ejerciendo, confundiendo las razones y las formas, y al defender los derechos individuales, frecuentemente violan los derechos de los demás.

Por otra parte, cuando no existe la madurez ciudadana surgen los demagogos que se apropian de la representación ciudadana y apelan en su nombre a la justificación de demandas populares en las que ocultan sus ambiciones personales.

En los actos del planteamiento de las demandas, la mayoría no sabe a lo que va. Los líderes son los que tienen sus propios proyectos. Los ciudadanos es muy poco lo que obtienen: un viaje a la Capital, algo de comida y una exigua remuneración económica. Todo esto lejos de convertirlos en ciudadanos conscientes, los aleja y vacuna contra lo que sería el ejercicio ciudadano.

En estas circunstancias la oposición tiene como camino directo para llegar al gobierno, un golpe de estado, o el camino largo y difícil de la desaprobación del gobierno y de la ardua tarea de formar la conciencia ciudadana, tarea que si no es eficaz y constante, condena a la desaparición, o a la lamentable claudicación, y en ocasiones con su adhesión al demagogo.

Cambiar esta realidad requiere romper atavismos ancestrales. Se requiere informar y formar a los mexicanos para que lleguen a ser ciudadanos plenos.

Esta formación habrá de iniciarse desde la educación básica; el hecho de que la materia de formación cívica se haya eliminado, por largo período, de los programas escolares, ha dejado a tres generaciones de mexicanos sin haber tomada conciencia de que México, al ser su Paria debe ser conocida, no sólo en el mapa, sino en el funcionamiento de su gobierno.

Los textos actuales ya incluyen la materia y ahora hay que recuperar el tiempo perdido. Es necesario que según la edad, tomen conciencia de la realidad económica y social; así como se interesan por su equipo de futbol deben saber qué lugar ocupa México en el mundo respecto a la media de educación, al ingreso, al desempleo, a la salud.

Así como se está insistiendo en el tema eclógico, habrá que insistir en los temas sociales y políticos necesitan saber cómo se elige a sus gobernantes; qué responsabilidades tienen y cómo pueden lograr mejores resultados con las políticas públicas de su ciudad.

La realidad es que en nuestro país falta mucha labor dirigida a formar la conciencia ciudadana, y esto es difícil revertirlo cuando más de la mitad de la población no tiene satisfechas su necesidades básicas y si los niveles de educación no cubren lo indispensable. En un país de desnutridos y desinformados no puede haber ciudadanos, pero hay que trabajar en su formación porque sin ciudadanos no hay democracia. Tenemos que lograr, a pesar de nuestra realidad, que más mexicanos conozcan sus derechos y cumplan sus obligaciones.

Mejor aplicarlo en políticos

En el año 2006, el científico Mario Molina, Premio Nobel de Química, elaboró un documento con políticas y estrategias encaminadas a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Entre las cosas que se señalaban en dicho documento es que los esfuerzos debían concentrarse en “disminuir la emisión de partículas finas provenientes de procesos de combustión y la emisión de compuestos orgánicos volátiles, precursores de ozono”. Apuntaba también que las fuentes móviles —los vehículos motorizados— eran la principal causa de contaminación atmosférica en la ZMVM; “que los autos particulares crecen a un ritmo superior a la población y que la introducción programada de combustibles de bajo azufre en el país sólo podría generar los beneficios potenciales esperados, si se les utiliza en vehículos con tecnologías modernas”.

Han pasado diez años de que estas recomendaciones fueron emitidas y los problemas siguen siendo los mismos, algunos más graves. El número de autos en ese periodo prácticamente se ha duplicado, agravando los congestionamientos viales; no se cuenta con combustibles de ultrabajo azufre disponibles en todo el territorio nacional y los camiones de carga tienen entre 20 y 30 años de antigüedad.

En estos primeros meses del año, la Ciudad de México ha experimentado niveles alarmantes de contaminación que han obligado al gobierno a decretar Contingencia Ambiental y a tomar medidas excepcionales que no han sido bien recibidas por la población, mismas que seguramente tendrán un alto costo político para el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) anunció que, del 5 de abril al 30 de junio, como medida de emergencia dejarán de circular un día a la semana todos los vehículos sin importar el número de holograma; esto es 0, 00, 1 y 2, incluyendo restricción para el sábado. La medida abarca al transporte federal.

Se requiere un plan integral

Cuando en el año 2014 el Centro Mario Molina presentó una nueva evaluación y recomendaciones en torno al programa Hoy No Circula, destacó ventajas del mismo, como el que puede reducir entre un 25 y un 70% la emisión de contaminantes atmosféricos; promueve la renovación de la flota y fomenta otros esquemas de movilidad. Sin embargo, fue muy claro en detallar que esta medida tendría que acompañarse de un plan integral y de acciones encaminadas a desarrollar una política de movilidad sustentable para la ZMVM.

Algunas de estas medidas complementarias incluyen sustituir catalizadores en mal estado, mejorar los sistemas de verificación vehicular incorporando sistemas de diagnóstico a bordo, distribuir Diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA) en todo el país, renovar la flota de autobuses y camiones; regular el transporte escolar, empresarial y público; centrar la planeación urbana en ciudades compactas y bien conectadas y fomentar el uso de la bicicleta, entre otras.

En las acciones anunciadas hace unos días se vuelve a limitar el problema a la mera circulación de los autos. Sin embargo, no se hizo ninguna referencia al tema de la calidad del diésel, siendo que el combustible que utilizan los camiones de carga en México contiene 500 partes por millón de azufre —el diésel UBA tiene 15 partes por millón— y por ello, el transporte pesado emite el 80% de las partículas suspendidas PM 2.5, cancerígenas y potencialmente letales para el ser humano.

Tristemente, las medidas anunciadas por nuestras autoridades dejaron al desnudo que carecen de una visión a largo plazo sobre movilidad y desarrollo urbano. Los políticos continúan reaccionando a bote pronto, postergando las decisiones impopulares y tratando de sacar el buey de la barranca cuando el problema ya les reventó en las manos. Se limitan a administrar los problemas en vez de ejecutar soluciones de fondo. Quizás es tiempo de que los ciudadanos también les saquemos la tarjeta para que sean ellos quienes dejen de circular, pero no sólo por un día.

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