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9 comunidades de Valles son: ‘territorio prohibido para la minería‏’

1-Declaran
Comunidades de los distritos Ejutla, Ocotlán y Tlacolula prohíben la exploración y explotación minera en la región.

En los últimos diez años el Gobierno federal ha concesionado alrededor del 90 por ciento del territorio de las comunidades Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac de la región de Valles Centrales de Oaxaca a las empresas mineras Cuzcatlán, Minera Aurea, Compañía Minera y Metalúrgica Ejutla y Compañía Minera Media Luna, sin que esto haya implicado un proceso de consulta y consentimiento libre, previo, informado y de buena fe a los pueblos que ahí habitamos.

Ante este contexto comunidades de la zona asumieron el compromiso de defender regionalmente su territorio de manera pacífica, organizada y por todos los medios legales, a partir de territorios ejidales y comunales, declarándolos como territorios prohibidos para la minería, con base en asambleas agrarias formalmente convocadas. difundiéndolos ante los medios de comunicación, organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales en el ámbito estatal, nacional e internacional.

En este sentido, el pasado 08 de noviembre, mediante una Asamblea regional, emitieron tal declaratoria, misma que entregarán a distintas instancias estatales y federales, exigiendo la cancelación de los títulos de concesión minera denominadas: San José, Los Ocotes Dos, Los Ocotes Cuatro Fracc 1, Los Ocotes Cuatro Fracción 2, Los Ocotes Tres, Ejutla Fracc 2, Ejutla Fracc 1, Marissa, Los Ocotes Cinco Fracc 1, Los Ocotes Cinco Fracc 2, Los Ocotes, Los Ocotes Seis, Fracción 1, las cuales afectan una superficie de 49376.3501 hectáreas de nuestros territorios.

Los inconformes -comisariados ejidales y comunales de Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac- manifiestan su “rechazo total a los proyectos mineros, por lo que prohibimos de manera estricta, la emisión de autorizaciones a favor de personas, dependencias, empresas, organizaciones civiles, investigadores y cualquier otra instancia de gobierno o privada para realizar estudios de prospección, exploración, explotación o aprovechamiento que tenga por objeto extraer minerales del subsuelo del territorio de nuestros ejidos y comunidades”.

Finalmente indican que la decisión ha sido tomada con base en distintas leyes como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, La Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la Constitución mexicana, pero principalmente con base al respaldo de las asambleas comunitarias, haciendo uso legítimo de nuestro derecho a la autonomía.

En este sentido exhortan a la población en general y otros pueblos que estén siendo afectados sobre la necesidad y urgencia de hacer un frente común.

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